EEUU y Cuba discuten cambios regulatorios para impulsar el comercio

EEUU y Cuba discuten cambios regulatorios para impulsar el comercio

Foto Archivo
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Delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Cuba iniciaron este miércoles en Washington una ronda de dos días de conversaciones sobre los complicados cambios regulatorios ya adoptados y los que aún son necesarios para impulsar el comercio bilateral.

AFP





La secretaria estadounidense de Comercio, Penny Pritzker, indicó que el propósito de los encuentros es explicar a la contraparte cubana los cambios ya introducidos en la normativa de Estados Unidos y transmitir las modificaciones que se tornan necesarias en la legislación de la isla.

Pritzker dijo que desde hace meses mantiene reuniones con empresarios de todo Estados Unidos “y es evidente que ellos quieren hacer negocios con Cuba”, pero también señaló que Washington “precisa de la ayuda” de la parte cubana para que las empresas estadounidenses puedan operar.

En particular, dijo la alta funcionaria estadounidense, las empresas expresan preocupación con el requisito de contratar empleados cubanos a través de una empresa estatal local, y la dificultad de conocer mejor la legislación y la normativa vigente en Cuba para operar.

En tanto, el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, manifestó que los cambios de regulación que Estados Unidos ha adoptado por iniciativa del presidente Barack Obama eran “pasos positivos”, pero que resultaban insuficientes.

– “Problemas políticos” –
“Entendemos que esto crea problemas políticos para la administración (estadounidense) en un año electoral, pero también entendemos que el presidente Obama en esto tiene apoyo de la sociedad y de una parte del Congreso para avanzar”, manifestó.

La prohibición para que Cuba utilice el dólar en sus transacciones comerciales “nos afecta muy severamente, y genera un “efecto disuasivo muy fuerte en los bancos a nivel internacional”, explicó el ministro cubano.

“Tenemos muchos problemas por resolver”, dijo Malmierca, quien agradeció el esfuerzo de Pritzker en la aproximación comercial entre los dos países a pesar de las dificultades que representa la vigencia del embargo comercial y financiero a Cuba desde hace medio siglo.

La delegación cubana a la reunión incluye también a Irma Martínez, vicepresidenta del Banco Central, y Nivaldo Puldón, director general del Banco Financiero Internacional.

En tanto, en Miami, los legisladores Tom Emmer (republicano) y Kathy Pastor (demócrata) formularon un llamado a sus pares del Congreso a eliminar el embargo a Cuba, rígidamente codificado en diversas leyes, en especial la llamada Helms-Burton, adoptada en 1996.

Los dos legisladores, de regreso de un viaje oficial a Cuba, mantuvieron reuniones con medio centenar de empresarios, a quienes transmitieron sus impresiones y a ante quienes describieron como “joviales” sus reuniones con funcionarios cubanos.

– Obstáculo a la normalización –
Estados Unidos y Cuba restablecieron formalmente en julio del año pasado sus relaciones diplomáticas después de medio siglo, y los dos países ahora buscan la normalización de esas relaciones con el desmonte del embargo comercial y financiero impuesto por Washington en febrero de 1962.

El opositor partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso y los líderes de sus bancadas se oponen de forma terminante a discutir el levantamiento del embargo en un año electoral.

Sin embargo, la idea de levantar el embargo a Cuba tiene el apoyo absolutamente mayoritario entre los demócratas y claramente divide opiniones entre los republicanos.

Grandes empresas estadounidenses y gobernadores de estados agrícolas presionan a los legisladores de los dos partidos en favor de eliminar el embargo, alegando que otros países están obteniendo beneficios con la apertura del mercado cubano.

En ese cuadro, diversos legisladores de ambos partidos ya sugirieron un desmonte ‘por pedazos’ del enmarañado legal del embargo en vez de que sea de un plumazo.

Desde que los dos países anunciaron su reaproximación, la Casa Blanca anunció tres grandes paquetes de reformas regulatorias que están bajo atribuciones del poder Ejecutivo y que no afectan el grueso de las sanciones previstas en la ley.