La CIDH ya ha identificado que en Venezuela no se registra un clima de tolerancia en el cual se favoreciera la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, y que los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, así como las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, configuran un escenario restrictivo que, como se explicará en el presente capítulo, continúa inhibiendo el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Además, la Comisión ha identificado también, como uno de los desafíos para el ejercicio mismo de la democracia en Venezuela, la falta de mecanismos para el acceso a la información pública sobre la gestión de los órganos del Estado así como respecto de las cifras que permitan evaluar la efectiva vigencia de los derechos humanos.
Una serie de disposiciones legales y de prácticas estatales han contribuido a desalentar las expresiones de posiciones críticas al gobierno y la publicación de información independiente o crítica sobre asuntos de interés público en medios de comunicación, redes sociales y a través de las protestas sociales. También ha continuado el uso del derecho penal –principal poder coercitivo del Estado- para sancionar, reprimir e inhibir expresiones críticas o informaciones de prensa que refieren a altas autoridades gubernamentales. La venta en los últimos años de importantes medios a empresarios no conocidos en el ramo de la comunicación ha determinado el viraje a líneas editoriales complacientes con el gobierno. Más aún, el control oficial del papel y el uso discrecional de la asignación de publicidad oficial han contribuido a reducir el pluralismo informativo y de opinión, y representan una amenaza significativa a la existencia misma del periodismo independiente y de investigación.
Por su parte, varios medios y organizaciones de la sociedad civil han reportado vigilancia y monitoreo de las actividades de la prensa y sectores opositores, al tiempo que varios medios permanecen al aire sin seguridad jurídica, debido a demoras en los procesos de renovación de frecuencias. Venezuela sigue sin adoptar una ley de acceso a la información pública y se ha reportado la negativa a publicar o entregar información sobre asuntos de indudable interés público, como la salud o la marcha de las cuentas públicas. La justicia venezolana ha rechazado recursos de amparo para garantizar el derecho de acceso a la información, basado en motivos contrarios a los principios internacionales que informan este derecho.
A continuación el informe completo y el extenso caso Venezuela (25 páginas)