Venezuela se ubica entre los 10 países con peor percepción sobre la corrupción de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela. Es de interés para la sociedad venezolana conocer sobre el manejo de fondos públicos y posibles hechos dolosos sobre el peculio nacional; de hecho son partes de las informaciones que los funcionarios están en el deber de informar y los ciudadanos en el derecho de ser informados, publica Correo del Caroní.
El problema está cuando sentencias como la dictada contra Correo del Caroní pretende que un medio de comunicación deba esperar un dictamen de un tribunal para poder informar sobre investigaciones por casos de corrupción.
“Es una aberración la decisión judicial contra Correo del Caroní, contra su director, y sus miembros. Rechazamos y repudiamos que se intente criminalizar el trabajo periodístico, la labor de investigación, el tema investigativo”, expresa el diputado Biagio Pilieri, miembro de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación.
Una función primordial de la Asamblea Nacional es la de contraloría, sirviendo el periodismo de investigación como insumo para abordar las denuncias de corrupción que llegan a la Comisión Permanente de Contraloría, a la vez que es a través de los medios de comunicación como la población puede conocer de la labor ejercida por los diputados.
Fallo limita función contralora
Las denuncias de corrupción son constantes, pero un fallo judicial a favor de la censura solo intenta favorecer a la impunidad y la lucha anticorrupción del parlamento.
El vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría, diputado Ismael García, también califica de “grave y sin precedentes en la historia de este país, que un tribunal le impida a un medio de comunicación poder informar de un determinado tema, eso raya en los vestigios de libertad en los medios de comunicación que nos quedan en este país”.
Si considera que la comisión estará limitada en cuanto a los insumos para investigar sobre casos de corrupción y exponerlos a la opinión pública, afirma que “no lo podrán ocultar, así sea con un megáfono lo vamos a informar (…) todo lo que tenga que ver con todo ese dinero que han robado”.
García destaca dos áreas importantes a investigar en la comisión contralora: una en relación con Pdvsa y otra con el tema de las importaciones de alimentos y medicinas, precisando que “desde 2003 a 2014 el gobierno dispuso de 230 mil millones de dólares, de los cuales cerca del 60% solo fueron para alimentos y medicamentos”, por cuanto no se explica la crisis que vive Venezuela en salud y alimentación.