La aterradora realidad de la inseguridad en Venezuela no solo tiene explicación en erráticas políticas del gobierno, su discurso violento, la impunidad y el colapso del sistema penitenciario, sino que está asociada al déficit de personal policial en funciones de patrullaje y realmente dedicados a lucha contra el crimen, así lo señaló Richard Casanova, miembro del Comité Político Nacional de Primero Justicia, quien agregó que “es inmoral que la familia Chávez tenga asignado 281 funcionarios de seguridad, mientras el país se desangra a manos del hampa y la población venezolana siente una permanente angustia ante la incompetencia del gobierno para enfrentar la situación”.
Indicó Richard Casanova que tienen “absolutamente confirmados” la asignación de los 281 funcionarios que aparecen en la siguiente nómina de escoltas y personal de seguridad de la otrora familia presidencial:
Adán Chávez Frías: 42
Carmen Hernández: 8
Enzo Chávez Hernández (Hijo de Adán): 24
Elena Chávez Hernández (Idem): 13
Ernesto Cávez Hernandez (ídem): 11
Hugo Chávez (padre del ex presidente): 18
Elena Frías de Chávez (madre): 14
Narciso Chávez Frías: 12
Cleder Chávez (Hijo de Narciso): 9
Anibal Chávez Frías: 11
Argenis Chávez Frías: 16
Adela Chávez Frías: 20
Seguridad General (Instalaciones): 83
Funcionarios cubanos (3 militares, 1 médica y 1 enefermera): 5
Total: 281 funcionarios
Entre el personal policial que aparece en la referida nómina están incluidos funcionarios del SEBIN y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. “Nos faltaría precisar cuánto se despilfarra en viáticos, alimentación, vehículos y otros gastos, solo sabemos que a la oligarquía chavista le han asignado cuantiosos recursos del Estado, los cuales deberían destinarse a la seguridad pública”, puntualizó Casanova. Advierte el dirigente de la tolda amarilla que la lista suministrada por fuentes confiables de inteligencia, se refiere sólo a personal destacado en el Estado Barinas y por lo tanto, no incluye la custodia de los hijos del ex presidente Chávez y otra parte de la familia Chávez “que tendría asignada una nómina bastante mayor”, según sus fuentes.
Es decir, “entre la familia Chávez y la burocracia del PSUV tienen asignados varios miles de escoltas que nos cuestan a los venezolanos millones y millones de Bolívares”. En su opinión, son cosas que deben investigarse pues constituyen un delito tipificado como “peculado de uso”, toda vez que no existe razón para tal disposición de recursos públicos. “Con razón la burocracia del PSUV y su familia creen que la inseguridad es una sensación y no tienen idea de la realidad que sufre el pueblo venezolano”, puntualizó Richard Casanova.
Nota de prensa