Un número creciente de dirigentes brasileños evoca la posibilidad de convocar elecciones anticipadas como la mejor alternativa para sacar al país del atolladero político y económico, poco importa que la presidenta Dilma Rousseff sea o no destituida por el Congreso.
Claire DE OLIVEIRA NETO / Pierre AUSSEILL/AFP
Esa opción, solo encarable con una renuncia de la presidenta y de su vicepresidente Michel Temer o con una difícil reforma constitucional, se desprende sin embargo como una evidencia para buena parte de los ciudadanos.
Según un encuesta Datafolha publicada este fin de semana, un 60% de los brasileños piensa que tanto Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), como Temer, del centrista PMDB, deberían renunciar. Y un 79% estaría de acuerdo, en ese caso, con anticipar la consulta prevista tan solo a fines de 2017.
El influyente diario Folha de Sao Paulo publicó hace una semana un impactante editorial cuyo título exhibía una claridad meridiana: “Ni Dilma, ni Temer”.
“Mientras Rousseff se mantenga en el cargo, el país permanecerá paralizado”, pero Temer “no cuenta con el apoyo de la sociedad”, resumía el cotidiano.
Un senador del PMDB, Valdir Raupp, se distanció de la línea oficial de su partido al proponer la semana pasada celebrar una presidencial en octubre, en coincidencia con las municipales previstas para ese mes.
“¿En qué condiciones asumiría el vicepresidente? Yo ya he dicho que votaré a favor del impeachment [de Rousseff], pero no creo que esa sea la mejor solución”, afirmó.
Rousseff, que denuncia una tentativa de “golpe de Estado”, es acusada de maquillaje de las cuentas públicas.
El próximo fin de semana, la Cámara de Diputados ya debería decir si su destitución tiene asidero legal. Si la respuesta es afirmativa, el Senado debería pronunciarse pocas semanas después por la apertura de un juicio político y, en ese caso, la mandataria sería apartada de su cargo por un máximo de 180 días, en espera de que el mismo Senado dé su fallo definitivo.
El primer paso requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara (342 escaños, de un total de 513).
Pero aun si Rousseff supera ese trance, resulta difícil vislumbrar cómo podrá gobernar con una coalición minoritaria y en plena desintegración. Los medios económicos y financieros la culpan de gran parte de las dificultades del país, en tanto que la izquierda, solidaria contra “el golpe”, rechaza su programa de austeridad.
– Temer ¿por cuánto tiempo? –
La alternativa Temer tampoco genera entusiasmo e incluso los adversarios más conservadores de Rousseff la ven tan solo como un mal menor.
Temer formaría un gobierno de transición con un programa económico liberal, lo cual le granjearía sin duda el apoyo de los ámbitos financieros y de la derecha.
¿Pero por cuánto tiempo? El PMDB está tan amenazado como el PT por las explosivas revelaciones de la operación Lava Jato sobre la red de corrupción creada en torno a la estatal Petrobras.
El propio Temer, a quien las encuestas dan entre 1% y 2% de los votos, aparece mencionado en esas investigaciones, aunque sin ser acusado formalmente. La corte suprema pidió en cambio que la Cámara le abriera un juicio de destitución por motivos similares a los de Rousseff.
Y la justicia electoral investiga si la campaña de la fórmula Rousseff-Temer en 2014 se benefició de los sobornos de la trama de Petrobras, una acusación que podría llevar a anular esos comicios y a convocar una nueva consulta.
La exministra de Medio Ambiente Marina Silva, que quedó tercera en 2014, cree que esa sería la mejor solución.
Pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene su ritmo y su decisión podría salir difícilmente antes de 2017.
El opositor Aecio Neves, a quien Rousseff derrotó por estrecho margen en 2014, parece dispuesto a jugar la carta Temer. “El país no puede esperar”, proclama.
– Trabas constitucionales –
La Constitución de 1988 prevé la convocatoria automática de elecciones anticipadas, en 90 días, en caso de renuncia conjunta del presidente y el vicepresidente. Una eventualidad que parece más que remota.
Otra opción consistiría en “una enmienda constitucional, que exigiría la aprobación de dos tercios de los diputados”, explica Thomaz Pereira, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, se dice dispuesto, pese a ser miembro del PMDB, a crear una comisión para analizar enmiendas constitucionales y propone incluso un referéndum.
“Todos los escenarios deben considerarse, para que tengamos puertas de salida el día de mañana (…) y consultar a la sociedad nunca será una mala idea”, afirma Calheiros, reticente al impeachment.
Rousseff se mostró irónica al respecto, aunque sin rechazar la idea. “No la rechazo ni la acepto. Pero convenzan primero a los diputados y a los senadores de acortar sus mandatos y luego vengan a verme”, comentó.