México ha aprobado por primera vez una reforma que regula la práctica de los vientres de alquiler a nivel nacional. La medida inició con una propuesta para prohibirla definitivamente y evitar la explotación de mujeres en condiciones más vulnerables. Hasta este martes no estaba definida dentro de la Ley General de Salud y estas prácticas médicas se hacían dentro de la ilegalidad. Los senadores han decidido reconocerla, pero con límites: sólo con indicación médica, sin fines de lucro y entre mexicanos.
Elena Reina / El País
La reforma de la ley de salud contempla penas de seis a 17 años de prisión a aquella persona que realice o participe en un procedimiento de gestación subrogada con algún tipo de contraprestación. La senadora Martha Tagle, del partido Movimiento Ciudadano, apunta: “La idea no es castigar. Hay que reconocer que en México se ha venido dando esta gestación sin un marco regulatorio. No podemos obviar que es una nueva posibilidad para personas que quieran formar una familia y que quieran probar otros métodos”. Y explica que la primera versión de la reforma consistía en prohibir cualquier tipo de gestación por sustitución: “Pero los senadores llegamos a la conclusión de que prohibirlo sólo iba a conducir el tema a un mercado ilegal, que ya existe, poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres”.
Uno de los puntos que más irrita a las asociaciones de defensa de los derechos reproductivos es el condicionante médico. Es decir, con esta medida los que quieran pedir una gestación subrogada tendrán que justificar un problema de salud, que las consideraciones de la ley lo relacionan con la infertilidad. “Sabemos que esto es una manera de dejar de lado a las parejas de homosexuales y a los solteros”, señala Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
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