En su desesperación por mantenerse en el poder o perderlo de la manera menos gravosa posible, la Revolución ha puesto a las instituciones serviles que maneja a contrapelo de lo establecido en el Constitución, al servicio de una causa evidente, evitar que el pueblo se exprese a favor de un cambio. Las encuestas actuales revelan que 7 de cada 10 venezolanos quieren otro gobierno.
Lo que ha venido haciendo recurrentemente la Sala Constitucional en su afán por vaciar de competencias a la Asamblea Nacional, raya en lo insólito y deriva en su ilegitimidad por la forma como viene desempeñando sus funciones. La actitud del CNE no es diferente, lucha para evitar un proceso electoral cuando su deber constitucional y racional es fomentar elecciones transparentes y justas, no lo contrario.
Mientras tanto el descontento social derivado de la escasez, la inseguridad y los apagones programados o fortuitos, crece exponencialmente y amenaza con acabar con toda posibilidad de salida racional y democrática. Son ya varias las ciudades en las cuales las protestas que se incrementan a diario, empiezan a dar señales de una violencia lamentable y costosa desde todo punto de vista.
Pero la oposición no ha perdido su norte. Con algunas inconsistencias que hoy parecen superadas, resolvió transitar el camino del Referéndum Revocatorio bajo el claro impulso del gobernador Capriles y su partido. El CNE invocando normas emanadas de sí mismo en el año 2007, ha tratado de poner talanqueras inconstitucionales e inexplicables a la activación de esa consulta popular. La primera de ellas ha sido exigir a la MUD recopilar las firmas de un número de ciudadanos equivalentes al 1% de la totalidad del padrón electoral en cada estado, lo cual representa cerca de 200 mil firmas regadas en todo el país. Este requisito no previsto en la Constitución, podría tener sentido si el aspirante a activar el Referéndum no es una agrupación política con representatividad suficiente, por ejemplo una asociación de vecinos, un gremio o una asociación civil; pero tratándose de una organización política inscrita en el propio CNE, que obtuvo casi 8 millones de votos y se alzó apenas hace cuatro meses con las dos terceras partes del parlamento, este requisito es irracional y su única explicación es la intención de obstaculizar la activación de un mecanismo electoral que está expresamente previsto en la Constitución.
Pero comodice el refrán, les salió el tiro por la culata. La presión social y política terminó por obligar al CNE a entregar el formato para recolectar este primer lote de firmas y el resultado fue realmente sorprendente, en muy pocas horas se alcanzó la meta, pero además todos los centros de recolección fueron desbordados por la gente deseosa de firmarsin ningún temor.El éxito ha sido tal que al escribir estas líneas las firmas recaudadas pasan de largo de un millón.
Nos encontramos así con la nuez del asunto. Con semejante movilización ciudadana en pocas horas, ¿cómo podrá ahora el CNE retrasar o entorpecer este clamor popular a punta de artimañas inconstitucionales?. Sería una verdadera estupidez pensar que este inmenso número de venezolanos activados y resueltos, van a aceptar de brazos cruzados que con lasexcusas de la verificación de las firmas o los cortes eléctricos, el Referéndum sea retrasado hasta enero de 2017 para que no tenga como efecto el cambio deseado. Eso no puede ocurrir. Sencillamente la masa de ciudadanos que se expresa pidiendo este derecho constitucional a revocar el mandato presidencial, cada día crece más y ha manifestado con este “firmazo” contundente su voluntad de hacer cuanto se necesario para concretar su derecho a votar en paz por un cambio de gobierno. Incluso, podemos decir que torpedear este evento electoral, sería obstruir la única válvula de escape a la presión social que está casi en estado de ebullición.
Y a todas estas, lo genial, lo más reconfortante es que la Sala Constitucional no solo sabe a raíz de este “firmazo” quelos venezolanos que la detestan y rechazanse cuentan por millones, sino que nada pueden hacer esos Magistrados “gobierneros”, contra esta movilización política masiva, organizada, legítima y apegada a la Constitución, ¿o será que van a decir que la soberanía no reside en el pueblo?.
Falta un trecho por transitar y estará lleno de dificultades, pero la verdad es que quienes tienen la tarea de poner las piedras en el camino, ahora saben que están tratando de parar un río humano caudaloso que estruendosamente se expresa cada día con más determinación y menos temor. Esa determinación derribará todos los obstáculos que intenten colocar. En cabeza del CNE está responsabilidad de evitar males peores.
Precisamente por lo dicho pareciera evidente entonces que el gobierno, impotente ante la crisis monumental que Chávez y Maduro generaron, no está pendiente del “que” sino del “cuándo” y el “cómo”. Ese “que” es el fin de un proyecto anacrónico que se sostuvo con el barril de petróleo a 100 y que en el noveno inning pretende una falsa pirueta que pasa por enamorar falsamente a los empresarios productivos a quienes atacaron sistemáticamente durante años. Y decimos falsamente porque la campañita de la “simplificación de la producción” es el perfecto ingrediente para que ningún empresario invierta en Venezuela mientras esté gobernando esta revolución agónica.
Afortunadamente, si la salida es en efecto el Revocatorio, ella implicaría una clara opción que de paso a un gobierno y a un modelo de desarrollo distinto, pero lo más importante, sustentable en el tiempo, por lo que vendrá luego es un período complejo de reconstrucción nacional.