Lo que en Venezuela venía planteándose como un ‘choque de poderes’ entre la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la recién electa Asamblea Nacional (AN) –de mayoría opositora–, hoy se advierte como un descalabro del orden constitucional tras la publicación del nuevo decreto de “estado de excepción y emergencia económica” por parte del presidente Nicolás Maduro.
Por VALENTINA LARES MARTIZ / El Tiempo.com
Voces de todo tenor aseguran que el mismo desdibuja el estado de derecho en el país y le otorga al mandatario un abanico demasiado amplio de potestades, una especie de ‘totalitarismo’ a todas luces inconveniente. (Lea: Impiden a oposición venezolana marchar por la revocatoria de Maduro)
A lo que se suma la tensión social generada por las dilaciones en el proceso revocatorio del mandato de Maduro impulsado por la oposición, que causó que miles de venezolanos salieran a las calles la semana pasada a presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Más el rosario de los ya habituales problemas de desabastecimiento, escasez de medicinas, inflación desbordada e inseguridad.
Ya una semana antes de la emisión del decreto, la AN concluyó que las reiteradas sentencias del TSJ, de manifiesta inclinación oficialista, en contra de sus decisiones –la ilegalización de sus leyes y una reciente prohibición a la directiva parlamentaria para regular los debates– constituían una ruptura del hilo constitucional por interferir sobre sus atribuciones y neutralizar sus competencias, siendo el parlamento una institución elegida por el pueblo. (Además: Henrique Capriles sugiere desacatar estado de excepción en Venezuela)
Pero fue el nuevo decreto de estado de excepción el que prendió las alarmas. Tan solo en términos de formalidades, ya el Poder Ejecutivo incurrió en varias irregularidades, según explicó a EL TIEMPO la abogada y profesora universitaria Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia: “Estamos frente a un nuevo decreto de emergencia económica. Debemos recordar que ya el Presidente solicitó uno que estuvo vigente, incluyendo su prórroga, y la Constitución no permite que se dicte un nuevo estado de excepción bajo los mismos términos”.
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