El lobby que realizó la izquierda internacional para desprestigiar la institución del juicio político como mecanismo constitucional que otorga a un poder legal y legítimo la potestad de poner freno al Poder Ejecutivo afectó seriamente al Paraguay en su momento. Ahora que en Brasil está en curso un proceso de juicio político, queda demostrado que el lobby y sus consecuencias –como la sanción arbitraria del Mercosur y Unasur– fueron aplicados al Paraguay solo por tratarse de un país pequeño y de poco peso en el concierto internacional.
Como si el ejemplo fuera poco, en este mismo momento en Venezuela, habitantes y organizaciones políticas de ese país piden a gritos que la Organización de Estados Americanos (OEA) ponga en marcha la Carta Democrática a raíz de la violencia que aplica el Gobierno venezolano en contra de sus compatriotas. Además, el anuncio formulado por su Presidente de que no aceptará el referendo para revocar el mandato que se le ha otorgado, a pesar de estar claramente contemplada dicha figura en la Constitución de aquel país, es muestra clara de que, algunas veces, la paciencia es más larga que otra cuando se trata de países de mayor peso.
Lo que sucede es lo de siempre: los organismos supranacionales castigan a quienes carecen de suficiente fuerza para defenderse; en cambio, cuando los poderosos caen en el campo propicio para una sanción, se movilizan todos los resortes de solidaridad y de interés en “intermediar” en la crisis para diluir la responsabilidad de sus mandatarios, con lo cual prolongan la vigencia de los inculpados a costa del sacrificio y agonía de los pueblos, en especial de sus luchadores, de sus elites políticas opositoras y de sus canales de expresión.
En el caso de Venezuela, algunos referentes importantes de la izquierda continental ya se han pronunciado sobre la calamidad que impera en aquel país y sobre el abuso que viene cometiendo Maduro, que, al decir muy particular del expresidente de Uruguay Pepe Mujica, “está más loco que una cabra”.
Otra figura relevante, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fue canciller del Frente Amplio de Uruguay –pero que para Maduro no pasa de ser una “basura”–, mantiene una fuerte discusión con quien fue su aliado y a quien ahora considera un “dictadorzuelo” venezolano y “traidor” a la democracia, por negarse a aceptar el referendo revocatorio.
En realidad, hay que decirlo, los mecanismos internacionales de sanción a los gobiernos que se apartan de las normas democráticas están en manos de unos cuantos burócratas también internacionales, sobre quienes influyen los jefes de turno de los países grandes y poderosos que controlan los organismos supranacionales.
Si el Mercosur, Unasur y la OEA no se animan a sancionar a Venezuela con todas las barbaridades que están ocurriendo en aquel país, es porque hay verdaderos comisarios ideológicos empotrados en dichos organismos, aliados a su vez a jefes políticos extracontinentales que deciden a quién atacar y a quién defender, en qué momento y con qué armas.
En contra de Brasil no se animan a actuar para tratar de frenar el proceso del impeachment –aunque Dilma Rousseff sea su aliada– por el peso que tiene ese país en la economía y la política internacionales, y contra Venezuela los mencionados comisarios o fraternos aliados retardan todo lo que pueden precisamente debido a la gratitud por las generosidades que recibieron de ese país en tiempos de la bonanza petrolera.
Hicieron bien el expresidente Mujica y su excanciller en desmarcarse a tiempo de su exaliado venezolano, que para todo el mundo ha caído en un claro comportamiento dictatorial, porque al hacerlo dejan al descubierto a sus amigos ideológicos que todavía se mantienen en la postura de “salvar las conquistas sociales” del régimen bolivariano, a pesar del cada vez más rugiente clamor ciudadano por una verdadera democracia en Venezuela.
El mantenimiento de los organismos internacionales les cuesta mucho dinero a sus miembros, por lo que se espera de ellos por lo menos que dejen de actuar de acuerdo a la cara del cliente y cumplan con su función de velar por la vigencia de las libertades y los derechos humanos en los países que los integran.