Nota de LaPatilla: Con decisiones hechas a la medida del Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio se ha puesto de espaldas frente a algo tan sagrado como lo es la salud del venezolano. En nota de prensa publicada en la web del TSJ, el Poder Judicial anuncia que “reimpulsa concursos para obtener la titularidad de los jueces y juezas de la República”, y entre sus exigencias destaca “igualdad entre los aspirantes; la imparcialidad y la publicidad como garantía de transparencia”. Los venezolanos se preguntan: ¿Como para cuando?
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó las normas que regulan y organizan el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera de los jueces y juezas del país, mediante los concursos de oposición públicos y las evaluaciones de desempeño, de conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Nota de prensa: TSJ
La resolución fundamenta la apertura a los concursos de oposición para jueces y juezas, tanto para el ingreso como para ascenso, al tiempo que dispone un proceso específico de concurso para la regularización de aquellos que se encuentran en ejercicio provisorio o como no titulares, todo lo cual seguirá los cronogramas y las bases de las convocatorias que al efecto serán dadas a conocer por la Comisión Judicial del Alto Juzgado.
Indicó la Presidenta del Alto Juzgado, magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado: “Proseguimos el camino hacia la consolidación del nuevo modelo de servidor público judicial. Este es un paso significativo para garantizar, aún en mayor medida, la idoneidad y excelencia de las juezas y jueces, quienes podrán obtener y/o regularizar su condición de titular y encauzar con esfuerzo y compromiso sostenido, una carrera judicial de luces y provecho en lo personal y para la colectividad”.
Las normas identifican los principios que guiarán los procesos de concurso, entre estos: la idoneidad para ingresar y ascender en la función judicial; la especialidad en cuanto a la formación profesional; la igualdad entre los aspirantes; la imparcialidad y la publicidad como garantía de transparencia; la estabilidad y la responsabilidad en el desempeño de los cargos. Asimismo, destaca particularmente la observancia de los principios de participación popular en el procedimiento de selección y designación de los jueces y juezas, y la formación y capacitación permanente como garantía de eficiencia en el desempeño de la tarea jurisdiccional.