Cuando se le escucha a Sandra Oblitas decir que ve “con preocupación cómo algunos líderes nacionales exponen al escarnio público a…funcionarios de este organismo”, uno no puede menos que preguntarse si habla en serio y contradecirla, o es chacota y no reírle la gracia porque no la tiene.
Las decisiones que las tres parcas del CNE adoptan exponen efectivamente al ‘escarnio público a todos sus funcionarios’ porque son ellos quienes quedan encargados de hacerlas ejecutar.
Las parcas hilan, devanan y cortan el hilo, como las de la mitología griega, pero no el de la vida (que de eso se ocupan otros organismos) sino el de nuestros derechos constitucionales, pero son sus subalternos los que, como ejecutores de lo ordenado, quedan expuestos a la burla que hasta puede llegar a transformarse en rabia y provocar una reacción violenta, que es la excusa ya anunciada para suspender el proceso y que se estimula como para poder alegar luego “se lo advertimos”.
Mi firma fue desconocida, para violar mi derecho constitucional a solicitar el revocatorio con esta frase “el número de cédula ingresado no cumplió con uno o más de los criterios de validación aprobados por el CNE”; y yo pregunto a mis lectores y a los funcionarios del CNE ¿qué me quisieron decir? Desde luego que no es el número de cédula quien no cumplió, sino yo, mi persona, ¿qué fue lo que no cumplí?
Cuando alguno de esos funcionarios impulsado por el celo de cumplir con el dispositivo constitucional que garantiza el derecho de petición y a obtener oportuna respuesta, busca satisfacer el requerimiento ciudadano como forma de mostrar su apego a la constitución de la república bolivariana es, precisamente, cuando queda expuesto al escarnio público.
Desde luego las tres parcas saben, quizá más bien debería decir ‘debieran saber’, para darles el beneficio de la ignorancia en relación con las decisiones que adoptan excluyendo así el dolo que revestiría su acto en caso de saber, que es el autor de la firma, o la persona que supuestamente la ha estampado la única que tiene derecho a reconocerla o a desconocerla. Ningún funcionario tiene derecho a cuestionar petición ciudadana alguna, sino la obligación de darle curso.
Lo que se diga de las paracas míticas siempre estará por debajo de lo que eran capaces de hacer, lo que significa que no había posibilidad de vituperarlas, eran ‘invituperables’, tal como en la nueva versión.
Caracas, 26 de junio de 2016