Familiares de los 27 detenidos en Aroa, municipio Bolívar, acudieron este miércoles en compañía del coordinador regional de Voluntad Popular en Yaracuy, Gabriel Gallo, a la Asamblea Nacional (AN) a solicitar y exigir justicia, ya que deberían estar en libertad.
Nota de prensa
Gallo, declaró que los familiares ejercieron el derecho de palabra ante la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, donde se decidió la constitución de una comisión conformada por varios diputados a fin de evitar que se violen los derechos de los detenidos.
Asimismo, indicó que se exigió se vele por el cumplimiento de las garantías constitucionales que están siendo vulneradas, toda vez que el retardo procesal no permite que la medida cautelar sustitutiva de libertad bajo fianza, ya decretada por el tribunal, se materialice.
“No hay razón alguna que justifique el retardo en la verificación de los fiadores, lo que debería ser un procedimiento administrativo y célebre que permita oportunamente la libertad, hoy se ha convertido en la prueba del capricho político del gobierno, la figura del tribunal de control existe precisamente para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia que están siendo en este caso obviadas y no para fungir como entidad acusadora que evite el beneficio para los ciudadanos, es decir es al Ministerio Publico a quien le corresponde acusar y no al tribunal de control, quien debe ser el principal interesado en restituirle la libertad a los 27 detenidos de Bolívar por la presunción de un delito “ultraje violento”, que además evidencia la falta de elementos probatorios, para demostrar la culpabilidad de los inocentes hoy privados de libertad”, aseveró el líder de la tolda naranja.
Por tal motivo los familiares en su derecho de palabra ante la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, narraron lo sucedido en la localidad de Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy, evidenciando abuso de autoridad durante los procedimientos para inculpar a los inocentes hoy detenidos en condiciones infrahumanas en la comandancia policial ubicada en la urbanización Juan José de Maya, en San Felipe, estado Yaracuy, padeciendo de enfermedades y uno de ellos a punto de perder un riñón.
Damarys Oropeza de Hernández, madre de Pedro Oropeza Hernández, miembro del comando regional de la tolda naranja, agradeció a los integrantes de la comisión permanente y solicitó que se trasladen al estado Yaracuy a los fines de constatar el estatus del caso.
Asimismo, la diputada Delsa Solórzano y Juan Guiadó, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Política Interior, respectivamente, promovieron la constitución de una comisión integrada por los diputados; Teodoro Campos, Juan Marín, Biagio Pilieri, Ramón Flores, a los fines de; oficiar al tribunal de control para conocer las razones del retardo, al Ministerio Público a los fines de que se investigue las razones de la privación ilegítima de libertad y a la Defensoría del Pueblo para evitar que se continúen violando los derechos de estos yaracuyanos retenidos sin justificación lógica.
El diputado a la AN Biagio Pilieri, manifestó, que la afección de enfermedades como “sarna” afecta a los detenidos producto de la insalubridad a la que están sometidos donde se encuentran detenidos.
