El artículo 328 de la Constitución establece que “la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.”
No obstante que sus competencias son claras, el Poder Ejecutivo ha incrementado la participación de los militares en los asuntos públicos que le corresponden a los civiles.
El presidente Nicolás Maduro ha creado once empresas militares con autonomía financiera y funcional: el Banco de la Fanb (Banfanb); la empresa Agropecuaria de la Fanb (Agrofanb); la Empresa Militar de Transporte (Emiltra); la Empresa Sistemas de Comunicaciones de la Fanb (Emcofanb); la Televisión Digital de la Fanb (TVFanb); el Fondo de Inversión Negro Primero (Fimnp); la Constructora de la Fanb (Construfanb); Agua Mineral Tiuna (empresa mixta dentro del complejo industrial del Fuerte Tiuna); la Empresa Mixta Bolivariana Cancorfanb, del sector construcción, producto de la fusión entre la estatal Construfanb (propietaria de 51% de las acciones) y la privada Canteras Cóndor, creada en 1996 (49% de acciones); Tecnomar, una empresa originalmente privada dedicada a la tecnología de comunicaciones que nació el 4 de enero de 2005 en Nueva Esparta, pero que en 2015 vendió la mayoría de sus acciones a Encofanb, convirtiéndose en la Empresa Mixta Militar Venezolana de Proyectos de Tecnología; y la más reciente empresa que se incorpora a la zona económica militar es Camimpeg que es la compañía petrolera y de gas de los militares.
Como si no bastara, Maduro le acaba de conferir a las FANB otras responsabilidades de orden político, económico y social. En esta oportunidad, creó una misión más: la Gran Misión Abastecimiento Soberano la cual será dirigida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Según Maduro, el propósito es neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el sistema agroproductivo nacional e industrial, el desabastecimiento de alimentos, fármacos y productos para la higiene personal y aseo del hogar y disminuir la dependencia de abastecimiento externo.
También impulsarán la activación de seis micromisiones: la producción de semillas; la producción de la proteína animal y de generar fuentes complementarias de proteína animal; la regionalización del menú del Programa Escolar Alimentario; la producción de alimentos balanceados para animales; la producción de artículos de limpieza y aseo personal, la protección de ciudadanos con enfermedades crónicas. ¿Vladimir Padrino podrá con todo eso?
Asimismo, fue creado el Consejo Nacional de Abastecimiento que será dirigido, a modo de cogobierno, por Maduro y Padrino López, con lo cual se ignora la figura del vicepresidente de la República. Lo más peligroso es que al momento de anunciar esta nueva política de emergencia destacó que “todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta al Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro bajo el mando del Presidente de la República y del General en Jefe Vladimir Padrino López a partir de este momento, todos”.
No se trata de acciones cívico militares, ni de la integración de los militares con los civiles, pues en Venezuela los militares lo controlan todo. El ejercicio del gobierno está en manos de las fuerzas armadas, sin respeto por el orden jurídico ni la ley. El aumento del poder militar en la política venezolana es evidente, dirigen más de 10 ministerios, se involucran de forma activa a la política sin quitarse el uniforme, y ahora por mandato presidencial todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta.
Lo más grave es que las acciones que se deriven de esta especie de cesión del gobierno civil a los militares están exentas de control. Ahora entendemos con mayor claridad el alcance de la sentencia N° 9, publicada el 1° de marzo de 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual derogó fraudulentamente las facultades de control que tiene la Asamblea Nacional.
Debe recordarse que bajo la encubierta figura de la interpretación de la Constitución, la sentencia exceptúa del control parlamentario a la Fuerza Armada Nacional, y solo reconoce como única modalidad de control que la Asamblea Nacional puede ejercer sobre la Fuerza Armada es la comparecencia del presidente de la República en su mensaje anual.
Los ciudadanos preguntan: ¿A qué se deben tales privilegios?, ¿quién rinde cuenta por la administración y gestión de los recursos de los venezolanos?, ¿dónde quedan los civiles en la gestión de las políticas públicas?, ¿por qué Maduro no es capaz de gobernar y le cede todo el poder a los militares?
@jesusollarves