Las divisiones internas para salir de la crisis se acentúan, más en el lado oficialista integrado por ortodoxos y maduristas. Ningún acuerdo entre ellos. Unos, los primeros, representantes del “chavismo puro” quieren el cambio de gobierno, mediante la renuncia de Maduro o el referendo revocatorio para con ello salvar lo que queda del movimiento creado por el difunto y quizás proceder como el sandinismo ante la realidad política que permitió a Violeta Chamorro asumir la presidencia en Nicaragua, retirándose a su propio Masaya y dando paso al cambio. Otros, los segundos, los que tienen compromisos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana, se aferran obcecadamente a la idea de la permanencia en el poder a como dé lugar sin darle importancia al futuro del destruido movimiento revolucionario.
Las fracturas internas en el oficialismo impiden avanzar las negociaciones con la oposición. El diálogo propuesto por Zapatero y los otros ex Presidentes, por una parte, no muestra adelantos más por la posición de este grupo de “mediadores” que favorece pública y notoriamente la posición del régimen. Por otro lado, se han iniciado contactos entre civiles y militares para encontrar el camino a la transición, pero la negociación de espacios que impidan lo que muchos quieren, es decir, el procesamiento y el castigo de los corruptos y los responsables del desastre heredado de Chávez, hacen el proceso igualmente complicado.
En medio de estos “acercamientos” se acentúa la lucha de poderes. De una parte, la Asamblea Nacional elegida por el voto popular que trata de ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República. De la otra, el Tribunal Supremo de Justicia, integrado fraudulentamente por forajidos, como se sabe, que intenta bloquear las funciones de la Asamblea, con decisiones políticas impropias de un entre judicial. En fin, la lucha entre la democracia, representada por la Asamblea Nacional; y la dictadura o “democracia totalitaria” como cínicamente llama el presidente Tabaré Vásquez de Uruguay al régimen de Maduro, representada por el TSJ y los otros poderes que con igual disposición de irrespetar el orden jurídico y de actuar al margen de la Constitución, intentan por todos los medios impedir que la voluntad popular se haga realidad.
El punto de quiebre podría estar en la incorporación de los diputados del Amazonas que tienen todo el derecho de hacerlo, según la Constitución que viola el TSJ; y la nulidad de los nombramientos de los magistrados por la Asamblea anterior y la designación de los nuevos magistrados conforme a las reglas.
El fracaso de estos “acercamientos” en medio de la crisis estructural que vive el país puede llevarnos a un estallido social con las consecuencias políticas que ello implica. Si no hay acuerdos, consensos, que en todos los casos deben basarse en el reconocimiento de las partes y en el respeto, será difícil evitar un final poco feliz. La prudencia y la sensatez deberán prevalecer, aunque del lado oficialista, el madurista principalmente, todo indica que las intenciones son simplemente perversas.
Es el momento de tomar decisiones, oyendo al pueblo, a los venezolanos, que exigen un cambio de sistema, no simplemente de gobierno, para salir de la crisis y evitar caer en el abismo.
Robert Carmona-Borjas