Cuando revelé en otoño de 2011 que el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez padecía de cáncer terminal, mi propósito fue alertar al país a prepararse para un cambio trascendental. Hoy me permito hacer lo mismo: el régimen de Nicolás Maduro tiene los días contados. Aceptarlo y dar lugar a una transición democrática le ahorraría más sufrimiento e inestabilidad social a los venezolanos. La administración del presidente Obama podría registrar su logro más significativo en las Américas tan solo con aconsejarle a Maduro que evalúe sus opciones.
El futuro de Maduro está encadenado al colapso económico, causado por dos décadas de socialismo, mala administración y una corrupción que ha dilapidado $1.5 trillones en ingresos petroleros. Los venezolanos pasan sus días en largas filas para comprar alimentos, medicinas y otros productos. La delincuencia y la inseguridad causan rabia en una sociedad polarizada por décadas de lucha de clases, que es utilizada por Maduro—como Chávez antes que él—para consolidar su base entre los más pobres en Venezuela, que son mayoría.
Irónicamente, los pobres, alrededor de dos tercios de las 30 millones de personas que habitan Venezuela, hoy en día son los más afectados. Su ingreso familiar promedio mensual es de $50, aproximadamente una quinta parte del costo de la canasta básica. En consecuencia, si el Estado no tiene la capacidad de ayudarlos, no tienen con que comer. La caída de los precios del petróleo en los últimos dos años ha afectado seriamente los ingresos públicos y programas sociales. No obstante, el verdadero daño ha sido causado por políticas chavistas que destruyeron la productividad petrolera y que estrangularon la economía nacional.
El aumento del hambre y la inseguridad han provocado que la base chavista pierda fe en Maduro. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2016, la oposición democrática recibió más votos que Maduro en las elecciones presidenciales en 2013. En un esfuerzo por retener el poco apoyo que le queda, a principios de julio de este año, Maduro facultó a su ministro de Defensa, general en jefe del ejército Vladimir Padrino López, para supervisar la distribución de alimentos. Desde entonces no se ha mencionado ninguna reforma económica que incremente la producción interna de alimento o que genere ingresos para financiar importaciones.
Sin esperanza para el futuro y sin fe en el liderazgo del país, muchos temen que la crisis humanitaria provoque una explosión social. La oposición se ha unido en torno a un camino constitucional para remover a Maduro de su cargo a través de un referéndum popular, seguido de elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente que reconstruya la economía y la democracia. Una encuesta reciente reveló que, entre los posibles votantes, un asombroso 88 por ciento votaría para remover a Maduro.
El mayor general retirado Cliver Alcalá es uno de varios chavistas prominentes que ha respaldado esta estrategia para superar lo que llamó “anarquía”. De acuerdo con fuentes dentro del chavismo, muchos cuestionan la capacidad de Maduro y su dependencia con cubanos que solo les preocupa recibir petróleo gratis sin importar el derramamiento de sangre en Venezuela. Entre estos jefes chavistas, pocos creen que salvar a Maduro justifique hacer más daño al país y a su movimiento.
Los partidarios chavistas que dirigen el consejo electoral saben que, si logran aplazar el referéndum hasta el 10 de enero, un voto popular removería legalmente Maduro pero le permitiría asumir el poder al vicepresidente oficialista para completar el período. El martes, el Consejo aplazó el anuncio para informar si la oposición había recolectado suficientes firmas para iniciar el referéndum, a pesar que una auditoría interna comprobó que habían superado ese requerimiento.
Los políticos chavistas están acostumbrados a imponer su voluntad sobre la oposición, pero esos días parecen haber terminado. En diciembre pasado, Padrino López frustró los intentos de la línea dura del gobierno para impedir el triunfo de la oposición. El general debe darse cuenta de que negar el voto popular ahora, especialmente cuando se profundiza la crisis humanitaria, podría provocar un enfrentamiento sangriento entre sus tropas y venezolanos desesperados.
Las próximas dos semanas son críticas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y gobiernos clave en la región deben insistir en poder monitorear el referéndum y cualquier elección que se celebre como resultado. Funcionarios estadounidenses deben utilizar sanciones selectivas contra miembros radicales del régimen para enviar una señal de que Washington está a favor de una solución constitucional que sea pacífica y oportuna.
Las fuerzas armadas venezolanas deben respetar la constitución y mantener la paz. La oposición no debe aceptar ningún substituto para la celebración de un referéndum este año, seguido de una elección presidencial tan pronto como sea posible. El régimen cubano puede empezar a expiar su intromisión destructiva, ofreciendo refugio a Maduro y su séquito.
Políticamente, Nicolás Maduro está muerto. Mientras más rápido acepte su destino, más pronto los venezolanos podrán empezar a reconstruir su economía y su democracia.
El autor fue secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador ante la Organización de los Estados Americanos en la Administración del presidente George W. Bush (2001-2005). Él es un investigador visitante en el American Enterprise Institute, y su firma, Visión Américas LLC, representa a clientes en EE.UU. y en el extranjero.