Funcionarios vestidos de civil, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detuvieron arbitrariamente en El Calvario, municipio Libertador de Caracas, a los periodistas Andreina Flores y Jorge Luis Pérez, en horas del mediodía del 18 de agosto. Ambos reporteros preparaban unas tomas de apoyo para un trabajo periodístico sobre los íconos de Caracas para la Red Más Noticias, de Colombia.
Espacio Público
Flores relató que cuando apenas comenzaban a hacer las fotos en el lugar los abordaron dos personas a bordo de una moto y les preguntaron por sus credenciales y si eran prensa, a lo que respondieron afirmativamente. “Nosotros pensamos que nos iban a robar, después que les mostramos nuestras credenciales, nos dijeron que eran de Contrainteligencia”, relató Flores.
Una vez en la sede del organismo, en Fuerte Tiuna, los abogados del equipo legal de Espacio Público tuvieron acceso a los reporteros. En ese lugar, les impidieron a los periodistas continuar usando sus teléfonos celulares, por lo que les indicaron que los guardaran apagados en sus bolsos y los funcionarios los colocaron en un lugar donde ellos no tenían acceso.
Tiempos después, los abogados fueron retirados del lugar, mientras el miliar Nervinson Montilla, perteneciente a ese cuerpo, realizaba el interrogatorio a la taxista que trasladaba a los reporteros en el momento de la detención.
Flores describió que para el interrogatorio “entramos a un cubículo donde estaba un miembro de Contrainteligencia Militar (Nervinson Montilla) me preguntó que dónde tomamos el taxi que nos trasladaba, la razón por la que hacíamos esas fotos y cómo había sido el abordaje de los funcionarios de Contrainteligencia (los que realizaron la detención no participaron en el interrogatorio)”.
Flores destacó que lo más impactante del episodio, a su juicio, fue que cuando ella se negaba a que los trasladaran a Fuerte Tiuna, el funcionario de civil les indicó que habían dos formas de proceder: “o colaboran por las buenas o nos los llevamos esposados”.
El Mayor Héctor Parra fue quien autorizó la liberación de los periodistas.