La Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (“FEDEVE”), en representación de todas las escuelas de derecho del país, dando fiel cumplimiento con nuestro deber ciudadano de pronunciarnos ante irregularidades que competen el ámbito Constitucional, legal o generen desequilibrio en la realidad venezolana, a continuación expresa para conocimiento nacional y comunidad internacional lo siguiente:
CONSIDERANDO
QUE, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (“CRBV”) prevé lo siguiente:
“Artículo 43: El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. (…)
“Artículo 46: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (…)”
“Artículo 55: Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
CONSIDERANDO
QUE, la Declaración Universal de Derechos Humanos (“Declaración Universal”) adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París contempla:
“Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”
CONSIDERANDO
QUE, desde 1999, el Gobierno Bolivariano ha decretado veinticinco (25) planes de seguridad. El más reciente entre ellos implementado el 13 de julio de 2015, llamado Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), pero que según análisis y reportes presentados ese mismo año por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Venezuela se situó como el segundo país más violento del mundo a saber; con una cifra de 27.875 homicidios.
CONSIDERANDO
QUE, el pasado 25 de agosto de 2016, alrededor de las 5:00am adyacente a las inmediaciones del Terminal de Pasajeros de Maracaibo fue interceptado por delincuentes y asesinado de una puñalada en el pecho un joven estudiante del tercer trimestre de Derecho en la Universidad Rafael Urdaneta (“URU”) quien en vida se llamó José Ángel Lugo Vargas (José Ángel), el cual solo tenía 17 años de edad, y no pudo ni verá la luz del día otra vez.
QUE, José Ángel, como cualquier otro joven venezolano fue víctima del hampa común pero también fue víctima de la inobservancia del estado ante ella, fue víctima de esa inacción gubernamental frente a la impunidad, la cual ha llevado a situar el delito como un “oficio de bajo costo”. Así como ocurrió la madrugada de este 25 de agosto, ocurre diariamente con sus variantes en cada rincón del país, sin distingo de edad, credo ni clase social.
Nos preguntamos: ¿Dónde está la eficiencia y eficacia de los 25 planes de seguridad implementados? ¿Por qué la OVV señaló una cifra de 27.875 homicidios ocurridos en 2015; pero en el Informe Anual de Gestión del Ministerio Público (IAGMP) señala que ocurrieron 19.453? Si bien es cierto que el en mismo informe página 44, se indica que se implementaron “acciones concretas en materia de homicidio” en varios estados, entre esos Zulia, adicionalmente cito: “(…) la fluidez en la comunicación entre los organismos de seguridad del estado que interactúan en los ejes, así como la participación (…) han permitido contar con información en tiempo real acerca de la ocurrencia del hecho (…)”, ¿Cómo es que José Ángel no fue auxiliado de inmediato por organismos de seguridad y su caso no ha sido atendido con prioridad “en tiempo real”? ¿Existe un real compromiso por parte del Gobierno Bolivariano y órganos de velar por la seguridad de sus ciudadanos? ¿Existe cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en la CRBV y Declaración Universal, o son mero papel?
CONSIDERANDO
QUE, la inseguridad es la primera causa de muerte de jóvenes entre de 15 y 24 años en Venezuela y la violencia homicida es la tercera causa de muerte en Venezuela; según informe presentado por el OVV al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDDHH ONU).
QUE, las cifras presentadas en el IAGMP son incongruentes respecto a la realidad venezolana y que se han hecho estudios especializados a través de la OVV que afirman tal incongruencia.
QUE, no existe un verdadero compromiso por parte del Gobierno Bolivariano de velar por la seguridad de sus ciudadanos y que los planes implementados han sido fundamentados bajo un diagnostico e implementación errada y por ende han fracasado.
ACUERDA
PRIMERO: Rechazar enfáticamente el homicidio de José Á. Lugo V. estudiante de Derecho en URU.
SEGUNDO: Rechazar la inacción gubernamental frente a la impunidad en Venezuela. Así como la desidia ante el ejercicio las funciones propias del Gobierno Bolivariano consagrados en la CRBV.
TERCERO: Exhortamos a la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela a presentar las cifras reales y efectividad de las “acciones concreta en materia de homicidio” adoptadas por el ente al cual representa.
CUARTO: Nuestro completo apoyo y condolencias a los familiares de José A. Lugo V. y a la comunidad estudiantil de URU. Asimismo desde FEDEVE reiteramos nuestro compromiso en ser voceros ante la violación de derechos y libertades de cada venezolano.
PAOLIMAR ODREMÁN NAVARRO
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE DERECHO DE VENEZUELA
(FEDEVE)