Hace casi nueve meses se realizaron en Venezuela las elecciones parlamentarias. Luego de distintas vicisitudes, de dudas en su realización y en sus resultados, privó la decisión del pueblo de Venezuela y ese mismo día, como debe ser, el Consejo Nacional Electoral anunció el rotundo triunfo de la Unidad Democrática y acreditó como diputados a 112 venezolanos, todos alineados en la lucha por resolver la grave crisis política, económica, social, cultural, institucional, ética, generada por este gobierno que es el fraude más grande que se ha hecho a los venezolanos. Salvo la elección parlamentaria de 2005 en la que la oposición venezolana decidió no participar, lo cual fue un gravísimo error que trajo también graves consecuencias, es la primera vez que un grupo político obtiene las dos terceras partes de la representación popular en el Poder Legislativo. Cualquier demócrata hubiera aceptado ese resultado y hubiera respetado la decisión popular. Pero eso es inconcebible para este gobierno.
Desde el momento de la elección y de la proclamación de los diputados comenzaron las maniobras del PSUV y de sus instituciones para torcer la decisión electoral. Dos hechos fueron claves: la designación, un día antes de Navidad, de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la decisión de la Sala Electoral de ese TSJ y un día antes de año nuevo, una medida cautelar que dejó sin efecto la proclamación de los diputados de Amazonas y del representante de la región Indígena del sur.
Lo demás es conocido por todos. Desde el momento en que asumimos la responsabilidad de representar al pueblo en la Asamblea Nacional, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, con la connivencia del Poder Ciudadano, todos dependientes del Partido Socialista Unido de Venezuela, se han dedicado a obstruir la labor legislativa y de control del parlamento venezolano. Todas las tropelías, abusos de poder, están documentados y servirán de elementos de juicio cuando en este país recuperemos la institucionalidad.
Hoy, nueve meses después, el juego está trancado. Tanto el ejecutivo por la vía de decretos, como el judicial por la vía de sus sentencias, han impedido el libre y constitucional ejercicio de las atribuciones del legislativo. Hoy se impide el cumplimiento de la función parlamentaria de control del poder ejecutivo y se impide la entrada en vigencia de las leyes sancionadas. Mientras tanto, el país vive su peor momento signado por un fatal empobrecimiento de nuestra población, reflejado en el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la inseguridad desbordada y el deterioro de nuestra calidad de vida. El desastre que ha producido este gobierno nos ha llevado a una situación límite que nos obliga a buscar causes democráticos que permitan revertir las cosas, que nos permitan visualizar un sendero de progreso y bienestar que hoy no se divisa.
Durante la campaña electoral pasada usamos el lema con el que titulamos este artículo. Algunas personas, en medio de su desesperación, nos preguntan para cuándo es que viene lo bueno, para cuándo podremos sentir que se están dando los pasos para reivindicar a un pueblo que ha sido víctima de un gobierno que ha demostrado una impresionante ineficacia y una inaceptable corrupción. Mi respuesta es que ya la decisión de los venezolanos está tomada. Este país no se cala más a esta gente y va a activar el mecanismo constitucional del referendo revocatorio para producir un cambio de gobierno y un cambio de sistema. Ya hemos avanzado mucho. No dejemos que algunos pocos extremistas, movidos por la desesperación, intenten caminos distintos al democrático. En paz y sin violencia vamos a lograr que este país cambie de rumbo.