La defensa técnica del preso político Kamel Salame condena su traslado sin notificación previa a la Cárcel de Tocuyito en el Estado Carabobo, luego de ser ruleteado desde Barinas por otros centros penitenciarios tales como el Fénix en Uribana, Estado Lara; hacen “un llamado al Estado para que se adopten medidas urgentes a los fines de preservar su vida e integridad personal, como lo pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de este año”.
Nota de prensa
Según información aportada por el jurista Robert Alvarado, “Kamel Salame en lugar de ser asistido, como se le ha pedido incontables veces al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las autoridades del sistema penitenciario, con este traslado irregular fue expuesto una vez más a factores de riesgo para su organismo ya debilitado por mantenerlo en condiciones carcelarias que impiden proveerle los tratamientos médicos quirúrgicos especializados que requiere, razón por la cual la Defensoría del Pueblo solicitó en febrero de este año que le otorguen libertad condicional para que mejoren sus condiciones básicas de vida”.
El apoderado judicial del empresario y dirigente político yaracuyano, José Luis Centeno, urge “al Estado a garantizar que la medida cautelar de libertad condicional solicitada por razones humanitarias para Salame sea tramitada sin más demoras, en razón de la inminente violación del derecho a la vida y a la integridad personal que ocurriría en este caso, transgresión evidenciada esta vez por la inobservancia de las autoridades de su deber de informar sobre los traslados de reclusos a familiares y defensores de éstos, incumplido igualmente en octubre de 2011 cuando Kamel Salame fue trasladado a Barinas sin autorización del tribunal y desconociendo su destino, hechos que comprobarían el sesgo político de este proceso penal en contraste cruel con el debido proceso”.
El abogado Robert Alvarado, observa asimismo: “Kamel Salame se encuentra en prisión preventiva desde hace más de 10 años, sin realización de juicio ni sentencia firme, siendo un exagerado lapso a la espera de que su caso sea atendido, ahora inexcusablemente debe ser juzgado en libertad, tomando en consideración que la pena máxima que pudiese imponérsele es de 12 años; pero no solo eso, sus juzgadores y carceleros parecen haber olvidado también que el acto de reclusión implica un compromiso del Estado de garantizar las condiciones requeridas bajo los estándares internacionales con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal de los reclusos, estando obligado a tomar todas las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, generada por un traslado inadecuado, amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos. Por eso, es imperativo que el Estado adopte todas aquellas medidas que sean necesarias para atender las enfermedades graves y desgaste orgánico de Kamel Salame por largos años de dolencia”.