Apiñados tras las rejas de dos desgracias -una propia y otra ajena- sobreviven ochenta reclusos en la Policía de San Joaquín.
A la desdicha colectiva se le suman el hambre y la avidez para que la administración de justicia agilice sus procesos judiciales. En una situación límite y desesperanzados, sobreviven 77 hombres y tres mujeres, condenados además a padecer de una anorexia forzosa.
El criminólogo y abogado Antonio López, director de Poli-San Joaquín, admite que sus reclusos pasan hambre, “más hambre que un ratón de ferretería”.
“Ése es otro grave problema que tenemos. Sus familiares ya no les traen comida porque ni siquiera tienen en sus casas, la situación está muy difícil para ellos. He tenido que sacar de mi bolsillo para comprarles alimentos”, dijo el jefe policial. Los que más penurias padecen son los detenidos que no son oriundos de la entidad carabobeña.
López estima que la sobrepoblación viene acrecentándose desde hace dos años, pero en las últimas semanas se ha agravado a tal extremo que incluso los detenidos deben dormir unos sobre otros.
“He pensado abandonar mi oficina para meter allí más presos. Es que todo ello atenta contra los más elementales”, admitió sin poder ocultar su preocupación.
Al jefe policial le angustia lo que le pueda ocurrir a alguno de sus funcionarios, quienes no han sido formados como custodios.
La pócima secreta de la Policía de San Joaquín consistió en execrar las fiestas callejeras, la contaminación sónica y controlar el horario de las licorerías, pues determinaron que detrás de ellos se ocultaba la violencia. Le declararon la guerra a “la guerra de minitecas”, ahora denominadas fiestas “pick up”. Los lugareños se han acostumbrado a denunciar y sus autoridades a actuar.
Ahora se disponen a enfrentar recurrentes robos de transporte en la Autopista Regional del Centro, los robos de teléfonos celulares y los hurtos genéricos.
Fotos de Notitarde
