Franklin Duarte, miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y de la Comisión Especial que se nombró el día miércoles para dar seguimiento al caso que se está presentando en los calabozos de la Policía del estado Táchira, donde desde el 8 de septiembre se presentó un motín y fueron secuestradas 11 personas, entre ellos dos funcionarios policiales, presentó un video en el que se observa cómo a sangre fría le cercenan el dedo a uno de los presos, como medida de presión para que las autoridades regionales y penitenciarias atiendan las peticiones de traslado que vienen realizando quienes encabezan la protesta.
Lamentablemente –señaló Franklin Duarte- ocurrió algo que ya había sido anunciado por los reos que se encuentran detenidos en las instalaciones del cuartel de prisiones, en vista de que no ha habido ningún tipo de respuesta o mediación por parte de autoridad alguna.
Indicó el parlamentario que la situación es sumamente grave porque está en riesgo la vida de los 9 familiares de reclusos y los 2 policías que estaban prestando su servicio de custodia cuando se generó el motín, “y lo triste es que el gobernador no ha hecho nada para tratar de solventar esta difícil situación. Es tan irresponsable que a más de dos semanas de iniciarse la situación no solo no ha dado respuesta, si no que muestra su total indiferencia al irse de compras para Bogotá, y desde allá además de darse la gran vida, utiliza el twitter para ofender y levantar calumnias contra quienes le adversamos en el Táchira por su mala gestión”.
— Mientras la crisis en la Policía del Táchira es cada día peor, él se va de compras con su familia, derrochando sin medida el dinero que ha logrado hacer con el negocio del contrabando y la corrupción, porque no cualquier venezolano puede darse el lujo de irse de “shoping” al Centro Comercial Andino de Bogotá, ubicado en el estrato 5, donde los alquileres de un apartamento están por el orden del 1.800.000 pesos”.
Aclaró Duarte que aunque el video muestra unas imágenes muy fuertes, “nos hemos visto obligados a mostrarlo para que se entere toda Venezuela y el mundo entero que esto pasa en el Táchira y el gobernador ni siquiera se inmuta, porque es un hombre que está acostumbrado a maltratar, quizás por eso lo que allí sucede le parece normal”.
En este sentido le solicitó al gobernador revisar el artículo 164 de la Constitución de la República de Venezuela, que lo designa a los gobernadores de estado como comandantes de las policías de sus regiones, por lo tanto el primer responsable, quien tiene que dar la cara es él, ya que es un caso muy grave, pero seguramente él por estar ocupado en el negocio del contrabando de alimentos, y ahora de gasolina, no tiene tiempo para encargarse de las cosas que le atañen de manera directa dentro de sus funciones.
Convocamos –dijo- los artículos 222 y 232 de la Constitución de la República que establece la intervención nacional en asuntos regionales, y bajo esa orientación le hacemos un llamado a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, debido a que al gobernador le ha quedado grande la conducción del Táchira, y es ella quien puede dar solución, por lo que le suplicamos que se traslade a los calabozos de la Policía del Táchira y evite algo peor que quitarle el dedo a un detenido, que evite que le quiten la vida a uno de los detenidos secuestrados, y que Dios no lo quiera, a uno de los dos policías secuestrados.
Igualmente hizo un llamado a Monseñor Mario Moronta como Obispo de la Diócesis de San Cristóbal para que interceda ante la difícil situación que se está viviendo en la Policía del Táchira, que sea la iglesia quien le ablande el corazón a la ministra Iris Varela, porque al gobernador estamos seguros que no podrá hacerlo porque corazón no tiene, solo tiene cabeza para la corrupción.
Por último también le hizo un llamado a los presos que están pidiendo sus traslado a la cárcel de Tocorón para que mantengan la calma, que tengan paciencia, que por distintas vías se está tratando de solucionar y darle respuesta a las solicitudes que han planteado, y de respetar sus derechos como lo establece la Constitución. “En la Asamblea Nacional ya debatimos las solicitudes que vienen haciendo de traslado y por el hecho de ser penados están en su legítimo derecho, según lo establece la ley de régimen de asuntos penitenciarios, y esperamos al igual que ustedes que pronto se resuelva esta situación”.
Np