Este martes la Asamblea Nacional aprobó el informe final de investigación y documentación presentado por la Comisión Especial sobre la violación de Derechos Humanos con motivo de las protestas por hambre en el país.
El debate lo inició la diputada por el estado Aragua, Mariela Magallanes (MUD) quien señaló que dicho informe busca hacer notar las penurias que viven muchos venezolanos a causa de este flagelo.
“En esta Comisión Especial se recogió la voz de millones de venezolanos víctimas del hambre en el país”, dijo adelantando que llevará el caso de las irregularidades en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) al Ministerio Público.
Al acto fue invitada Lainet Marquez, representante del Consejo Comunal del Municipio Guaicaipuro (Miranda), quien denunció que las bolsas entregadas a través del programa gubernamental de los Clap nunca han llegado al municipio.
A la discusión además se sumó Lenna Medina representante del Consejo Comunal de Los Valles del Tuy (Miranda) quien también aseguró que no reciben las bolsas distribuidas a través de los Clap.
A ellas se sumó Juan Carlos García, presidente del Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional (Sinfucan) quien hizo ver la irregularidad de precios en las bolsas distribuidas por los Clap a los propios trabajadores de la Asamblea Nacional.
“El sueldo mínimo no alcanza para la canasta básica”
“El sueldo mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica de 384 mil bolívares”, inició su intervención la diputada por Táchira, Laidy Gómez (MUD).
“Ustedes no conocen el sentimiento de una madre cuando su hijo tiene hambre”, criticó hacia la bancada oficialista.
Añadió que sumado a ello, en su región el gobernador José Gregorio Vielma Mora “ha evadido impuesto, distribuyendo mercancía con sobreprecio”.
“Solo 42% de la población come más de una vez al día”
El turno al micrófono llegó para la diputada, Gaby Arellano (Táchira – MUD) quien en un polémico discurso explicó que solo 42% de la población del país está comiendo más de una vez al día.
“Hoy, nadie con su sueldo mínimo, puede costear la canasta básica en más de 384 mil bolívares… Uno como madre aspira siempre darle un poco más a su hijo. Hoy ni trabajando, se le puede dar ni la comida”, fueron algunas de sus declaraciones.
Describió a los Clap como una manera de discriminación política por parte del Gobierno hacia el pueblo.
A sus palabras, prosiguió el parlamentario, Carlos Valero (MUD) quien aseveró que los Clap “representan pobreza y es una manera de admitir que hay crisis alimentaria”.
“El Gobierno está condenando al país a una eterna pobreza”, sostuvo.
Venezolanos identifican a los Clap con la corrupción y el bachaqueo
El diputado Julio Borges (Unidad) fue el centro del debate de este punto al comentar que la mayoría de los venezolanos están identificando las bolsas de comida que reciben a través del programa gubernamental con corrupción y bachaqueo.
“De cada 10 venezolanos, 8 identifican el sistema de los Clap con la corrupción y el bachaqueo”, dijo.
Así mismo ratificó que el problema de la distribución de alimentos en Venezuela, se soluciona con el impulso de la producción nacional.
Bancada oficialista defendió el programa
Durante el debate no faltaron los diputados de la bancada de la minoría oficialista que defendieron el programa e intentaron desacreditar las exposiciones anteriores.
Uno de ellos fue Gilberto Pinto (Psuv) quien sostuvo que “las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no se discuten”, aseverando que los Clap “continuarán con su labor”.
Por su parte, la parlamentaria, Haydeé Huérfano (Psuv – Yaracuy) indicó que los CLAP han sido una solución para el pueblo.
Además de este, el también diputado, Willian Gil (Lara – Psuv) refirió a la mayoría de la Unidad Democrática que con sus declaraciones “lo único que hacen es atacar los programas sociales que el pueblo mismo ha organizado”.
“Solo quieren seguir jugando con la guerra económica, mientras nosotros seguiremos fortaleciendo los Clap”, puntualizó.