Representantes de organizaciones no gubernamentales y académicas venezolanas sostuvieron encuentros en Ginebra con funcionarios del Sistema Universal de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas.
El director general de la Red Nacional de DDHH, Asdrúbal González y la Presidenta de Fundalatin María Eugenia Russian, así como las académicas Pasqualina Curcio y Olga Álvarez, dialogaron con el vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor y con la representante del Relator Independiente del Derecho a la Salud, la Sra. Lucía de la Sierra.
Las reuniones con los funcionarios de la ONU-Ginebra versaron sobre el tema de la garantía de los derechos económicos y sociales, y el desmontaje de la matriz de opinión sobre una supuesta “crisis humanitaria” que sectores a los que consideran injerencistas han querido fomentar sobre Venezuela.
Curcio y Álvarez asistieron a los encuentros por invitación de las citadas organizaciones no gubernamentales.
La profesora Pasqualina Curcio entregó al funcionario Mikel Mancisidor, información, producto de investigacines académicas, relacionadas con lo que el Gobierno denominó “guerra económica” presuntamente activada contra la población venezolana, así estudios y cifras argumentarán la “supuesta crisis humanitaria”.
Adicionalmente lo ilustró sobre los mecanismos mediante los cuales ha estado siendo distorsionada la economía y agredido el pueblo venezolano.
Mancisidor recibió de las experta venezolana información que da cuenta de que el país ha estado sometido a fuertes agresiones y distorsiones en los canales de distribución y comercialización que dificultan el acceso de la población a bienes de primera necesidad, como rubros alimenticios difíciles de sustituir, y cuya producción y distribución es responsabilidad de grandes corporaciones nacionales y transnacionales.
Estos bienes de difícil acceso no están siendo colocados de manera regular, oportuna y suficiente en los anaqueles, generando una sensación de escasez, que ha derivado en colas y en la conformación de mercados ilegales, en los cuales pueden ser adquiridos, pero a precios muy elevados.
En la audiencia se explicó que los niveles de escasez, e incluso de inflación registrados los últimos 4 años en Venezuela no se corresponden con las variables económicas, con los niveles de producción, de importación y de asignación de divisas consignadas al sector privado.
También se consignó información que revela que la inflación ha estado siendo inducida en Venezuela, mediante la manipulación del tipo de cambio en el mercado ilegal.
Por su parte, en la audiencia con la asistente del Relator Independiente del Derecho a la Salud de la ONU, se argumentó que para que exista las condiciones de una crisis humanitaria que están definidas por hambrunas, desastres o conflictos, deberían reflejarse en los indicadores económicos del país que esté pasando por esa situación, no obstante, se mostró que la economía venezolana registró una tasa de desocupación del 6% al cierre de 2015 y no existen tales condiciones para calificar a Venezuela de una supuesta crisis humanitaria.
Expuso la profesora Curcio que, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Alimentación y del Instituto Nacional de Nutrición, el consumo promedio de alimentos al cierre de 2015 fue 3.092 kilocalorías por persona al día, muy superior a lo que establece la FAO como valores mínimos de seguridad alimentaria, los cuales se ubican en 2.720 kilocalorías diarias.
El consumo de alimentos por parte de los venezolanos pasó de ser 2.252 Kcals/día/persona en 1999, a 3.092 Kcal/día/persona en 2015, aumentó 37%.
Se argumentó, que de haber una hambruna en Venezuela, ésta debería verse reflejada en por ejemplo los indicadores de mortalidad por desnutrición. Sin embargo, y según cifras oficiales preliminares, esta tasa se ubicó en su nivel histórico más bajo, 1,37 por 100.000 habitantes al cierre de 2015.
En cuanto a la situación de dificultad de acceder a los medicamentos se informó a la señora De la Sierra que en Venezuela la mayoría de los medicamentos son importados por las empresas privadas a las cuales el Gobierno Nacional le ha consignado divisas preferenciales desde 2003. Se precisó que durante los años 2012 al 2014 se han reportado alrededor de 3 mil millones de dólares de importación de medicamentos anuales, mientras que en el año 2004, cuando no se registraba escasez, se importaron 600 millones de US$.
El defensor de los Derechos Humanos Asdrúbal González, denunció que existe “una clara manipulación de los medios de comunicación para promover a nivel internacional que Venezuela requiere una asistencia técnica para enfrentar una situación humanitaria, este comportamiento mediático, contradice los principio de empresas y los Derechos Humanos”.
Para finalizar, la doctora Álvarez, hizo referencia, que los organismos internacionales como la CEPAL, han evaluado de forma objetiva el comportamiento del mercado ilegal de divisas que impacta directamente en la inflación, marcado, desde un portal web.
Nota de prensa