El sorprendente proceso electoral estadounidense de 2016 ofrecerá el 8 de noviembre otra novedosa paradoja: contará por primera vez en la historia con una misión observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que, internamente, el número de supervisores del Departamento de Justicia el día de la elección será notablemente menor que en anteriores convocatorias, en cumplimiento de la nueva normativa dictada por la Corte Suprema. Ni hay relación causa-efecto entre ambas labores, ni los sistemas, fines y fechas del trabajo de cada institución tienen coincidencias. Una cosa es observar y otra supervisar. Pero todo es contraste en esta edición electoral, publica ABC de España.
Por MANUEL ERICE Enviado Especial a San Luis, Misuri
Por invitación expresa de EE.UU., como país miembro, la OEA ultima ya el despliegue de la primera misión de observación en el país número 27 que toma esta iniciativa. Como en las anteriores, analizará y elaborará un informe final, que incluirá sugerencias para futuras mejoras en el sistema. En paralelo, llama la atención que en el proceso más enrarecido en décadas, con Donald Trump llamando a sus propios apoderados a evitar el «fraude», frente a la que tilda de «corrupta Hillary», el Departamento de Justicia vaya a limitar su presencia en el «Election Day» a cinco estados, frente a los 23 que vigiló en 2012. Es un mandato del máximo tribunal.
Decisión histórica y aplaudida
La decisión estadounidense de someter su proceso electoral a la observación de la OEA ha sido aplaudida y calificada de «histórica» por la organización supranacional americana. Además de reforzar el peso político y el prestigio de una labor iniciada en 1962, constituye «un gran mensaje de EE.UU. a la región, al ser partícipe de un mecanismo que tanto apoya en otros países», asegura a ABC Gerardo de Icaza, director de Cooperación y Observación Electoral. Preguntado por las implicaciones políticas que pueda tener el informe en el proceso electoral, se apresura a aclarar que se trata de una «misión técnica», aunque admite que el informe final «incluirá también un análisis sociopolítico, con recomendaciones para el futuro».
Cuestionado por este periódico, el Departamento de Estado se remitió al mensaje transmitido por suembajador ante la OEA, Kevin K. Sullivan, para quien «se trata de un apoyo a la institución y a su labor de promover los valores democráticos y la limpieza de los procesos». Pero rehuyó comentario alguno sobre la campaña electoral en marcha, marcado por las denuncias del candidato republicano de «un sistema corrupto», encaminado a facilitar la victoria del «establishment», que el presidente Obama calificó recientemente de «ridículas».
Pese a las proclamas mitineras de Trump, el consenso sobre la limpieza del proceso electoral sigue siendo amplio en EE.UU. Tanto como el que considera que, al mismo tiempo, se trata de un sistema con carencias y margen de mejora. La fracasada restricción de la financiación de los candidatos, la complejidad y diversidad de los sistemas de votación según el estado, el número de elecciones que tienen lugar al mismo tiempo, además de la estrictamente presidencial (Congreso, Senado…), son sólo algunos de los defectos resaltados de forma recurrente por los especialistas. En un país donde la autocrítica está a la orden del día, la insatisfacción es notable con algunos aspectos del proceso.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha encomendado la misión de observación de las elecciones estadounidenses a Laura Chinchilla,expresidenta de Costa Rica, quien ya encabezó la misión enviada a las elecciones federales de México en 2015.
Un desafío para la OEA
Gerardo de Icaza asume como un desafío la misión que está organizando, empezando por «la dificultad de cubrir un país tan grande y tan federalizado, dadas las limitaciones económicas y técnicas». El director de Observación Electoral de la OEA reconoce que «no se podrá estar en todos los estados», y calcula en «una decena» los que contarán con presencia de observadores de la institución. Una selección, explica, que se está llevando a cabo cruzando criterios como «la demografía, la tendencia política, la forma de votar…». El objetivo es lograr una fiel representación del país.
Durante 54 años, la OEA ha acumulado una experiencia que le ha convertido en referencia mundial en la observación de procesos electorales. Gerardo de Icaza destaca que «buena parte del prestigio logrado se basa en la independencia con la que actuamos con respecto al país observado». Y añade que la financiación de la misión corre a cargo de la institución, que a su vez recibe fondos como organismo avalado por la ONU. Además, mientras se lleva a cabo la labor, no existe contacto con el país que la ha solicitado, para evitar cualquier interferencia. En este caso, el portavoz de la OEA explica que contactarán directamente con las autoridades de cada estado para solicitarles la colaboración oportuna.
Baja participación
Con un esquema muy similar al habitual en los informes de la organización americana, la misión pondrá el acento en varias áreas, empezando por la participación política. De Icaza destaca que siempre se analiza «la capacidad de hacer las elecciones más incluyentes, para aquellos colectivos con más dificultades para participar: mujeres, minorías, votantes en el extranjero, discapacitados…» En EE.UU., una de las inquietudes latentes siempre ha sido el bajo nivel de participación, que no llega nunca al 60% y que representa una de las más pobres de los países desarrollados. En la última elección presidencial, registró un 54,9%. Ni siquiera ha supuesto un incremento el llamado «early voting», que se aplica en una veintena de estados y que permite empezar a votar con más de un mes de antelación. A pesar de que supone ya un tercio del total de sufragios, no ha supuesto avances significativos.
La explicación del representante de la OEA se detiene después en las«posibles disputas legales» que pueda generar el proceso, empezando por los días previos de campaña, pasando por el día de la elección y terminando por las reclamaciones posteriores, si las hubiera. Si nos atenemos a las palabras de Trump, podríamos estar ante una elección disputada también en el aspecto jurídico, cuando todavía EE.UU. tiene en la memoria el pulso legal decisivo que protagonizaron en 2000 el demócrata Al Gore y el republicano George W. Bush, en el estado de Florida, que terminó resolviendo el Tribunal Supremo en favor de este último.
Antes de las conclusiones finales, el informe de la misión de observación analizará lo que Gerardo de Icaza llama «la integridad electoral», que apunta a cómo se ha producido la financiación de los candidatos y, en su caso, los fenómenos de violencia.