La periodista de investigación Sebastiana Barráez publica en su columna en el semanario Quinto Día su opinión sobre la decisión del cogollo en el poder de impedir la realización de futuras elecciones en Venezuela.
CONSTITUCIÓN. Desde el Gobierno se ha desatado una feroz campaña para desconocer la Constitución Bolivariana, cuyo Art. 160 expresa que los gobernadores serán elegidos por un período de cuatro años; en diciembre los actuales gobernadores quedaran usurpando el cargo. La CRBV, en su Art. 5, declara que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio…”. En el Art. 6 se lee que el Gobierno y las entidades políticas de Venezuela “es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. No olviden el Art. 70 que detalla los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, destacando entre ellos “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante”.
ELECCIONES. El presidente Nicolás Maduro se unió a las voces del exdiputado Alemán y de los diputados Pedro Carreño, al decir que las elecciones no son prioridad, y Edwin Rojas para quien suspender los procesos electorales del país es legal y que “nosotros podemos evaluar su pertinencia “, alegando que las elecciones regionales generan un gran gasto. De ser así estamos en un peligrosísimo escenario que arrastra a la democracia, patea la Constitución y se burla de la soberanía del pueblo. Diosdado Cabello le dijo a la Oposición: “Revocatorio o elecciones a gobernadores, escojan” como si eso fuese una prerrogativa del Gobierno y del Psuv. No olvidemos que la Carta Magna, la cacareada Constitución Bolivariana expresa en su artículo 139 que “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”. El triste argumento de lo costoso que resultan las elecciones regionales se estrella de frente con los escandalosos casos de corrupción, sin investigar o sin sancionar, tipo Cadivi, las toneladas de alimentos podridos y grandes elefantes blancos como los del estado Falcón y otras regiones. Pero además, con el derroche y uso de dineros públicos a través de movilizaciones transmitidas por VTV, de visitas de actores extranjeros, de contratos a allegados de Piedad Córdoba, de ayudas internacionales. No, no, resulta demasiado mediocre el argumento de que no hay dinero.
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