En una carta que se entregó el lunes, los abogados Randall W. Jackson, John T. Zach, Joanna Wright de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP; y David M. Rody, Michael D. Mann, Elizabeth Espinosa, del bufete Sidley Austin LLP, que integran la defensa de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, pidieron a la corte de Nueva York negar la petición de que se hagan los cuestionarios a los dos hombres acusados de conspirar para traficar a Estados Unidos 800 kilos de cocaína, reseña El Nacional.
Por MAIBORT PETIT
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En la carta argumentaron que Campo Flores y Flores de Freitas se oponen a los esfuerzos del gobierno “para entrometerse indebidamente en las relaciones abogado-cliente y para inyectar la falta de una aparente agenda política en este caso”.
Los abogados señalaron al juez que no debe realizar un procedimiento tan profundo como una audiencia curcio para tocar el tema del pago de la defensa por parte del empresario vinculado al gobierno venezolano, Wilmer Ruperti. Alegaron que se llevó a cabo una el 12 de mayo de este año y “fue más que suficiente para hacer frente a cualquier posible problema de conflicto de intereses y ahora no hay base para volver a solicitar un nuevo encuentro con los acusados”. En ese encuentro se les explicó a los demandados sobre el conflicto de intereses por el hecho de que un solo individuo pague ambas defensas. “La defensa reveló la identidad del pagador para que el gobierno pudiera revisar el fondo del asunto y analizar si se cree (que hay algún) conflicto”.
Por consiguiente, —dice la carta— el gobierno ha conocido al menos desde mayo la naturaleza del supuesto conflicto potencial que ahora está señalando que es necesario revisar.
Los abogados afirmaron que Campo Flores y Flores de Freitas presentaron a la Corte sus alegatos al respecto y esta adoptó una serie de preguntas para que los acusados conocieran directamente el conflicto potencial que el gobierno advertía.
Los defensores de los Flores aseguraron que ambos acusados acordaron renunciar a cualquier reclamo futuro “sobre los aspectos de los presuntos conflictos potenciales”. Asimismo, dijeron que ambos acusados declararon ante el tribunal entender estos potenciales conflictos.
Campo Flores declaró que comprendía el posible conflicto de interés que podría surgir del hecho de que sus abogados están siendo pagados por un tercero y que puede que no tenga lealtad hacia él. Flores de Freitas, por su parte, dijo estar claro en que entendía que su abogado podría aceptar instrucciones de la persona que está pagando las cuotas y no las suyas, argumentó la defensa en la carta.
Indicaron que el gobierno no está usando adecuadamente el procedimiento de la audiencia curcio, herramienta esencial en la administración de justicia y que se aplicó en mayo.