A través de una publicación en su columna dominical, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles señaló que si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspende el Referendo Revocatorio contra el Gobierno de Nicolás Maduro, “defenderemos la Constitución con el pueblo en la calle”.
Lea la columna completa aquí:
En el mundo, la justicia está representada por una dama con una venda en los ojos, pero no precisamente por estar ciega ante las evidencias. Es por todo lo contrario, la justicia no mira a las personas, sino a los hechos. Ella tiene la responsabilidad de preservar los derechos constitucionales, sin ver caras, sin preferencias, sin amiguismos.
En Venezuela, también esa dama es ciega, pero porque no quiere tomar en cuenta la realidad que enfrentamos los venezolanos y por la que exigimos cambio. El pueblo quiere que se aplique una verdadera justicia y no una que se amolde al juego de un gobierno que todos los días se vuelve más inconstitucional. No cabe duda que la justicia en Venezuela está podrida.
Decimos esto porque las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia solo han profundizado más la crisis. Por ejemplo, los dictámenes que vienen de la Sala Constitucional siguen simplemente órdenes de Maduro. En al menos una docena de oportunidades en lo que va de 2016, Maduro ha solicitado la intervención de dicha sala para declarar la constitucionalidad de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo o la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
No sucede igual con las sentencias del TSJ que vinculan a quienes adversan al gobierno, pues ninguno de los fallos emitidos por este ente han sido a favor. Como ejemplo de ello, se pueden mencionar los Proyectos de Ley aprobados por la Asamblea Nacional.
En los primeros seis meses de 2016, el Parlamento sancionó seis leyes, aprobadas de acuerdo al reglamento. Sin embargo, el TSJ declaró inconstitucionales la Ley de Reforma del Decreto N° 2.179 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Ley Especial para atender la Crisis Nacional de Salud, y solo declaró constitucional la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados, pero fue considerada “inviable económicamente”, de acuerdo a la decisión número 327 de la Sala Constitucional del 28 de abril de este año.
Esa misma Sala Constitucional ha extendido, ya por cuarta vez consecutiva, el Estado de Excepción y Emergencia Económica, dando súper poderes a Maduro para que actúe sin rendir cuentas en materia económica.
Esta semana, con una nueva sentencia inconstitucional, se dispuso que el presupuesto nacional esté sujeto al control de la Sala Constitucional del TSJ. De acuerdo con el órgano judicial, la decisión se fundamentó en un supuesto desacato de los diputados de la Unidad que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto a sentencias del TSJ, así como también en el Estado de Excepción y Emergencia Económica, declarado constitucional por la Sala en sentencia N° 810 del 21 de septiembre de 2016, cuya ampliación fue solicitada el pasado 3 de octubre por Maduro.
La realidad es que los únicos que están en desobediencia son Maduro y su cúpula. Nada de lo que haga el gobierno nos tiene ya que sorprender, pero lo grave es que con cada acción que emprende se aleja cada vez más del camino democrático. Decimos esto porque sigue cobrando fuerza el rumor de que el TSJ discute internamente emitir una medida cautelar para suspender el Referendo Revocatorio.
Tenemos información que los magistrados del TSJ no se han puesto de acuerdo, dado que un grupo de ellos siente temor de que la situación se agrave, ya que con esa medida cautelar se le roba al pueblo su derecho a elegir. Hay magistrados que saben lo peligroso que sería para el país una acción de este tipo. Suspender el Revocatorio es un golpe constitucional aquí y en China.
Debemos estar en alerta máxima, porque si se materializa la medida, el poquito de democracia maltrecha que existe en el país se acabará. En Venezuela podría pasar cualquier cosa si les roban a los venezolanos su derecho a decidir si quieren revocar la crisis o si quieren seguir como estamos. En todo caso, nosotros nos preparamos para la “Toma de Venezuela”. Defenderemos la Constitución con el pueblo en la calle. Restituiremos el hilo constitucional con el pueblo en la calle.
El gobierno sabe que 11 millones de venezolanos están dispuestos a firmar a favor de la consulta refrendaria y como su objetivo es mantenerse en el poder a costa de lo que sea, han puesto mil trabas al Revocatorio, pero este país no es el mismo de hace tres años. No podemos establecer comparaciones, porque ahora el gobierno es minoría en el apoyo popular.
Los días 26, 27 y 28 de octubre tenemos que expresarnos con contundencia. El único requisito es acudir con la cédula de identidad a cualquier centro habilitado en el municipio donde se vote. Al CNE no le interesa informar sobre este proceso electoral, porque las 4 señoras no quieren Revocatorio, así que dependemos de nuestra organización para informar a la gente.
Durante la jornada el pueblo estará enterado de cómo va el proceso. No tendremos que esperar por los resultados viendo la baranda del CNE. No tendremos que esperar los resultados de la señora Lucena. Es importante que se sepa que las personas que no puedan poner su huella podrán dejar sus datos en los puntos que colocaremos para informarle al país y al mundo entero la cantidad de venezolanos que quieren revocar a este gobierno.
Lo repetimos una vez más, no hay ninguna razón ni técnica ni jurídica para que no se haga Revocatorio en este 2016. Debemos seguir luchando. No podemos esperar que las cosas pasen, tenemos que defenderlas nosotros mismos.
¡Qué Dios bendiga a Venezuela!