Desde junio pasado los Negrín tienen nuevo hogar en La Pastora. La familia se mudó no porque compró una casa más amplia, sino por razones de seguridad. No soportó vivir en el sector El Observatorio del 23 de Enero, zona de guerra entre colectivos y bandas delictivas en pugna por el control del territorio, reseña El Nacional.
A mediados de mayo ocurrió un enfrentamiento que se prolongó por más de dos horas. Varios proyectiles impactaron en la casa de Oswaldo Negrín. Esa noche no durmieron, se escondieron debajo de las camas a esperar que el tiroteo cesara. “Mi nieto no paraba de llorar y al día siguiente no nos atrevimos a salir. Algunos autobuses no prestaron servicio por miedo a quedar atrapados en medio de otro intercambio de disparos”, relató Negrín. Agregar que entonces llamó a su hermana, que vive sola en La Pastora, para que les brindara refugio.
En tres días se mudaron y la casa del 23 de Enero la alquilaron a otras personas que también tienen proyectado irse porque están cansadas de vivir en zozobra.
Los colectivos, según Negrín, son los que imponen las reglas. Tienen equipos de radiotransmisión, están informados de lo que ocurre en cada rincón y controlan la distribución de comida y el funcionamiento de locales comerciales, cobran vacuna por el uso de estacionamientos y enfrentan a los que desacaten sus órdenes o quieran invadir su territorio. Cada vez que se reporta una situación irregular con una banda delictiva suenan la sirena para alertar a la población. Algunas personas se abstienen de salir a las calles; otras, más arriesgadas, esperar a que la situación se calme. Hay planteles que el año pasado perdieron más de 400 horas de clase por quedar atrapados en la línea de fuego de los enfrentamientos. Uno es el Luis Rafael Pimentel que entre febrero y marzo suspendió actividades por los tiroteos.
Los Negrín constituyen apenas uno de 30 grupos familiares que, según vecinos, se han mudado a otros lugares para huir del yugo de los colectivos y las bandas.
Una vecina del sector Las Casitas del Observatorio denunció que se han trasladado a casas de familiares o alquilados en Carapita, Caricuao, La Pastora y el interior del país.
Luis Acosta, en compañía de su esposa e hija, se vio obligado a marcharse de la zona F de la parroquia a finales del año pasado porque fue testigo de un crimen. “A finales de noviembre caminaba cerca de mi casa, cuando observé a tres encapuchados que sometieron a un muchacho. Lo golpearon varias veces y después le dispararon. A los tres días me mandaron notas a mi apartamento con amenazas como ‘Cuídate, sabes que están sentenciados’. Tuve que mudarme por temor a represalias”.
Inti Rodríguez, coordinador de Provea, también engrosa la lista de desplazados por la violencia en la zona. Hace dos años un grupo de encapuchados lo interceptó frente a la estación Agua Salud del Metro de Caracas y lo amenazaron. A ellos no les convenía sus denuncias sobre violación de derechos humanos, y tenía dos opciones: se marchaba del lugar y continuaba con su trabajo, o se quedaba y renunciaba. Escogió la primera.