Los tribunales de siete estados venezolanos han dictado, en forma sucesiva, sendos fallos que constituyen un indudable freno al plebiscito que se viene gestando para revocar en su cargo al presidente de ese país, Nicolás Maduro, arrojando por los suelos aquel anhelo de una mayoría que, aún, pacíficamente reclama por la salida del actual régimen.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo un espurio acatamiento de las medidas judiciales que declaraban nulos los procesos de acopio de firmas de los ciudadanos bajo el torpe argumento del fraude, ha decidido suspender el proceso plebiscitario que, hasta hoy, las encuestas otorgan un amplísimo margen a favor de ello.
Claro está que los fallos judiciales vienen de aquellos estados donde todavía el chavismo sigue manejando la administración y finanzas públicas; de manera que hubiese sido, más bien, sorprendente que los dóciles magistrados hubiesen resuelto en forma distinta a los dictados de unos envanecidos gobernantes.
Con toda razón la oposición política, encabezada por los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha llamado a la desobediencia civil frente a las groseras maniobras electorales de un régimen que, transgrediendo sus propias normas constitucionales, pretende seguir permaneciendo tercamente en el poder cuando las crónicas siempre nos recuerdan que estas dictaduras corruptas, que se creen perpetuamente sostenidas en el poder de las armas, concluyen invariablemente en forma fatal.
Aquellos que hemos sido privilegiados testigos, en algún momento de nuestras vidas, de la desobediencia civil como recurso no siempre lícito, aunque sí legítimo, para inducir al cambio normativo o la salida postrera de un gobierno, ella se logra sólo gracias al sentido de una justicia de una mayoría ciudadana que se fundamenta en los mismos valores democráticos. La desobediencia civil se encuentra amparada, pues, no en intereses privados o propios de sus adalides, sino en la acción pública cuyo propósito es forzar al cambio jurídico concreto sin poner en cuestión todo el ordenamiento legal de la nación.
Pero hay que recordar que deberá ser una manifestación colectiva de carácter simbólico y pacífico que, no sólo se deberá alejar de los actos violentos de las protestas callejeras, sino que deberá sustentarse en una forma “no convencional de expresar una voluntad políticamente legítima”. De ahí -así lo espero- que la inevitable llamada a la desobediencia civil logre desempeñar aquella labor correctiva contra un régimen que, empleando obscenas triquiñuelas, sigue empujando tercamente al país llanero a su propio despeñadero.
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