Desde que Chávez tomó el poder en 1999 se ha desarrollado un proceso sistemático y continuado de golpe de Estado para desmantelar la democracia y ponerla al servicio de un régimen autoritario. Dicho golpe es sui generis y no tiene precedente en otros que se hayan intentado en Latinoamérica o el mundo. Consiste en un asalto sistemático y programado a las instituciones democráticas y poderes públicos, para concentrar todo el poder político y económico sin pasar por los controles constitucionales.
Por tratarse de un golpe de Estado de nuevo tipo, en los primeros años y durante las primeras fases del mismo, la oposición democrática tuvo dificultades para caracterizarlo como tal. Esto se tradujo en avances y retrocesos —aún sin resolver— de cómo se lucha democráticamente contra una dictadura que pretende ser democrática respetando sólo algunas formalidades.
El control absoluto de los poderes públicos y el saqueo permanente del tesoro nacional para ponerlos al servicio del PSUV, le dieron al régimen ventajas que parecían insalvables frente a una oposición perseguida, acosada y en dificultades a la hora de explicar la naturaleza antidemocrática del gobierno. Sobre todo, porque el argumento vendido por el régimen a escala internacional siempre fue que su carácter democrático era indiscutible, porque se medía en elecciones y consultas populares.
Esta lógica se estrelló contra la realidad del 6 de diciembre de 2015, cuando el régimen perdió el control de la Asamblea Nacional en una derrota electoral apabullante. Desde entonces, el gobierno se enfrenta a una nueva realidad política y a la posibilidad cierta de salir del poder ante la evidente pérdida de apoyo popular.
A partir de este momento, el régimen comienza a ensayar fórmulas menos sutiles y más audaces dentro del mismo esquema del golpe de Estado continuado. Así produce una serie de decisiones inconstitucionales, como el nombramiento de nuevos magistrados del TSJ por parte de la ya derrotada Asamblea Nacional oficialista. A esto se suman acciones del propio TSJ, el CNE y el poder ejecutivo para burlar la legalidad y ultrajar el Estado de derecho.
El golpe de Estado continuado, con barniz democrático, llegó a su punto álgido el 20 de octubre de 2016: Ante la imposibilidad de contener la avasallante presión popular que exige cambio, el régimen usó a sus operadores judiciales para suspender el referéndum revocatorio. Las imágenes de millones de venezolanos haciendo cola para firmar, habrían sido equivalentes a un referéndum en la calle.
Es el inicio de una nueva etapa más violenta y brutal en la historia de Venezuela. Desde este momento, todas las garantías políticas, económicas y sociales están suspendidas de facto. El oficialismo dice sin tapujos que no hará elecciones si sabe que va a perder. Siente que con el apoyo de la tribu delincuencial que controla el TSJ y la sumisión de generales corruptos, puede blindarse frente a la presión popular.
Pero el día más oscuro de la democracia trae consigo las semillas que podrían recomponer el Estado de derecho: El gobierno mostró ante todo el país que es una dictadura, y que ya no le interesa ocultar su tendencia antidemocrática. Por su parte la Asamblea Nacional así lo confirmó en su declaración política del 23 de octubre de 2016. Esta caracterización permitirá desarrollar una estrategia exitosa y expedita de lucha política contra el régimen superando las dudas que hubo en el pasado.
Además, ante la clara tendencia dictatorial del gobierno venezolano, para la comunidad internacional es evidente que existe una amenaza a la paz del hemisferio. Y aunque ha mostrado cautela al evaluar la situación política en Venezuela, al mismo tiempo ha declarado su intención de no ser indiferente ante un asalto al Estado de derecho.
La nueva fase de la dictadura, ahora sin caretas, plantea una situación política inédita. Mientras no se resuelvan las contradicciones políticas y jurídicas relacionadas con la legalidad y legitimidad del gobierno, no se podrá avanzar en los aspectos de forma relativos a la representatividad electoral. La MUD, y la oposición en general, deben adecuar sus estrategias, métodos de lucha y organización a esta nueva realidad.
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Humberto González Briceño
Maestría en Negociación y Conflicto
California State University