Definida como la alteración de manera perjudicial del orden o estado normal de las cosas, mediante malas prácticas, enseñanzas y ejemplos, el régimen madurista puede ser considerado, con mucha propiedad, como un “gobierno perverso” y los signos de tal perversión saltan a la vista de los venezolanos. Aquí mostraremos algunos de ellos, y dejamos al lector la posibilidad de agregar los que a su juicio observa.
El primero de ellos, y el cual determina la alteración del Estado de derecho que aunque de alguna manera parcialmente afectado durante el gobierno que antecedió al de Nicolás Maduro, no llegaba a los extremos del actual régimen, cuando se radicaliza la ruptura del orden institucional oficialmente impuesto desde su arribo al poder, con la promulgación de los llamados estados de emergencia para asumir las funciones legislativas propias de la Asamblea Nacional, en materia económica,y los decretos de estado de excepción impuestos como una extensión de los primeros con la excusa de combatir una presunta guerra económica y el paramilitarismo en sectores populares, ambos cuyo origen se le atribuyen al propio gobierno; el descenso en los ingresos provenientes de la exportaciones petroleras; las consecuencias del fenómeno climático de El Niño y las supuestas amenazas de gobiernos extranjeros. Pero las alteraciones que gravitan con mayor peso aun en relación a lo que se señala como causas de la ruptura del “hilo constitucional”, tienen su mayor expresión en: la designación ilegal de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en descarado madrugonazo de la saliente Asamblea Nacional, apenas a un día del vencimiento de su gestión; la invalidación por parte del TSJ de los cuatro diputados electos por el Estado Amazonas, pese haber sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral; el desconocimiento de la función contralora y de las decisiones de la Asamblea por parte del TSJ; la politización de la fuerza armada nacional en función de la preservaciónde los intereses particulares del gobierno de turno; la negación de los derechos ciudadanos de acceso a una calidad de vida cónsona y de libertades expresamente consagradas en nuestra carta magna; y como desenlace de una situación que hoy lleva a su punto de ebullición a la opinión pública nacional, la conculcación del sagrado derecho constitucional de los venezolanos a elegir y/o revocar a sus mandatarios por parte de un poder electoral que recibe órdenes directas del Ejecutivo.
Pero, como signo preponderante de lo que ocurre en relación con la situación descrita en el párrafo anterior, y en todas las que tratamos de resumir respecto al estado de perversión al que nos referimos, destaca el de la insensatez, como condición que está presente en todas las decisiones del régimen; y como muestra, es preciso citar la más reciente medida del régimen en materia económica, con su anuncio de un nuevo aumento salarial que lo eleva a 90 mil bolívares. Y tiembla el venezolano, se aterroriza el ciudadano sensato que ha aprendido a predecir lo que viene tras cada aumento sin fundamento en las leyes de la economía y, particularmente, en la realidad del país, caracterizada por la anulación inducida por el gobierno del plantel industrial productor de bienes y servicios, y una inflación que se traga cualquier incremento salarial antes de que entre en vigencia.
La insensatez, vinculada a la ausencia de funcionarios ineptos, sin experiencia ni capacidad para ejercer los cargos que se les asigna, generalmente vinculados a intereses mezquinos y de enriquecimiento ilegal, es la que permite que el régimen mantenga su política de comprar productos manufacturados en el exterior para ser vendidos en el mercado nacional con precios que sobrepasan a los que rigen en el mercado internacional, en lugar de destinar los pocos recursos disponibles a impulsar la producción nacional solo con la compra de materias primas e insumos que lo permita; la insensatez, sumada al comportamiento nuevorriquista que caracteriza al presidente Maduro, permite que en medio de la más espantosa quiebra económica del país y de crisis que priva a la mayoría de alimentos y medicinas, se dé el lujo de vagar por el mundo acompañado de abultadas comitivas en viajes inútiles en los que habilitan costosos aviones y se dispone de millonarias cifras de divisas; de regalar a países en situación de emergencia, bienes de los que no disponen los venezolanos, desconociendo nuestra propia crisis humanitaria; de armar costosos escenarios en nuestro país en eventos de carácter internacional que en nada contribuyen a mejorar la terrible crisis de la nación, como la reciente y fracasada “Cumbre de los no Alineados”. Y así como estos, podemos seguir agregando todas aquellas acciones de las que el país está en conocimiento en todos los estados de la república.
La agresión directa e indirecta, inducida desde los más altos personajes y funcionarios vinculados a la cúpula gubernamental es otro de los signos de la perversión que sufre la población. Con toda propiedad podemos atribuir directamente al presidente Maduro y al vicepresidente del partido de gobierno Diosdado Cabello, la irresponsabilidad de promover la violencia y la agresión de la que han sido objeto los representantes de la oposición agrupados en la mesa de la unidad, de parlamentarios y de simples ciudadanos que han pretendido hacer uso de sus derechos a la protesta. Como también, podemos mencionar como signos de la perversión gubernamental del régimen, actitudes y acciones como las observadas, entre otros por altos jefes por los ministros de la Defensa, Vladimir López Padrino, y de Interior, Néstor Reverol, en sus infortunadas intervenciones destinadas a amedrentar a la población con el propósito de frenar su decidido avance hacia el cambio en la conducción de los destinos del país a lo cual aspira la mayoría de los venezolanos.
De igual manera, la población percibe como signo de la perversión gubernamental, la permisividad y ocultamiento de responsabilidades frente a la corrupción administrativa y otras conductas que atentan contra la moralidad exigida a los funcionarios. Es inmensa la lista de personas señaladas por la Asamblea Nacional, como organismo al cual compete investigar el uso de los recursos del Estado, así como de las señaladas desde países que acumulan expedientes por lavado de dinero, tráfico de estupefacientes y otros delitos, como el inmenso saqueo de recursos a Pdvsa, sin que se produzca ningún pronunciamiento por parte del Ejecutivo Nacional.
Y son precisamente por estos y muchos otros signos, por lo que hoy podemos afirmar que en Venezuela se rompió el hilo constitucional, y que es preciso que todos los venezolanos nos incorporemos a la tarea de restituirlo, por las únicas vías que concebimos, y es por las que señala la propia Constitución. No hay otra.
@JJMorenoA