Hizo una pausa a su trabajo como ingeniero agrónomo y se concentró en conseguir justicia y apoyar a su familia. Hace 15 días a Hernán Rincón le mataron a su hija. A Ana Sofía (16), la “consentida de la casa”, la asesinó un compañero de clases en un salón de la Unidad Educativa Martín Lutero. En su casa están, desde las 8.00 de la mañana del jueves 27 de octubre, de luto, reseña La Verdad.
“Me han llegado rumores de que la institución quiere demandarme. Pues que lo haga, ya permitieron que mataran a mi hija. Ya no tienen nada que quitarme”. Rincón sospecha que la directiva intenta ocultar su negligencia, evadir responsabilidades, evitar sanciones y que salga a la luz pública que “tres docentes sabían que el homicida acostumbraba a llevar el arma a la escuela”.
El día del asesinato el progenitor se encontraba en Maracay, estado Aragua. Ofrecía una conferencia. Finalizaba su ponencia cuando un familiar le avisó, a las 11.00 de la mañana, que su hija había fallecido, recordó el ingeniero en el patio de su residencia, en el sector Los Modines.
El ingeniero hizo un esfuerzo para no olvidar detalles. Enumeró una a una lo que considera irregularidades por parte de la directiva. No se comunicaron con la familia ni después del asesinato de su hija, ni durante el funeral ni cuando comenzó el proceso judicial en contra del responsable. No le prestaron ayuda a tiempo, la llevaron a un centro de salud público, cuando los estudiantes tienen seguro médico.
“No me llamaron para notificarme del hecho, pero sí me habían llamado dos semanas antes para reclamarme por el pago de la mensualidad”.
Confianza
En los últimos 15 días, Rincón visita a diario la Fiscalía y los tribunales. Aseguró que las instancias judiciales han actuado con eficiencia en el proceso. Imputó y acusó al adolescente, de 15 años, por los delitos de homicidio calificado a título de dolo eventual y porte ilícito de armas en lugares públicos.
Por decisión del tribunal, al responsable del asesinato de Ana Sofía lo recluyeron en la Entidad de Atención Socioeducativa Generalísimo Francisco de Miranda, en Sabaneta. Se esperan los últimos testimonios para que el juzgado emita una sentencia sobre el acusado.
En busca de una respuesta, Rincón ha conversado con los compañeros de Ana Sofía. Se mantiene en contacto con la Policía y reconstruye por su cuenta los últimos instantes de vida de la liceísta. “Estudiaba para una prueba académica antes de que la asesinaran. En las últimas declaraciones de los testigos dan indicios de que hubo responsabilidad e intención por parte del estudiante”.
De acuerdo a las experticias de la Policía científica, no hubo posibilidad de que el arma se accionara por sí sola.
“Yo sé que es imposible que el revólver se disparara por accidente”. Rincón rechazó las presuntas versiones de que el acusado, quien declaró que puso su bolso encima de un pupitre con el arma adentro y este se activó repentinamente.
A los Rincón Boscán les preocupa no se haga justicia, que el muchacho reciba un beneficio y recupere su libertad y que no se sancione a los directivos de la escuela. Confían en la justicia y quieren la pena máxima, “no fue un accidente; se requieren seis libras de presión para accionar un gatillo”. Les sorprende “que esa escuela siga abierta como si no hubiera pasado nada”.
Seguirá abierto
Andrea Querales. Las actividades escolares en la Unidad Educativa Martín Lutero se reanudaron el pasado miércoles. La decisión se tomó tras una reunión con 370 padres y representantes, en el quórum solo faltaban 50, y la Zona Educativa, informó Neuro Ramírez, secretario regional de Educación, en una entrevista telefónica con La Verdad.
Se acordó con la directiva que mejoren la seguridad interna. Se comprometieron a instalar cámaras de seguridad, visualizar los morrales, comprar detectores de metales tipo manual, asignar custodios para los baños, detalló Ramírez.
El centro educativo cuenta con seis salas de primaria y 12 de bachillerato, eso equivale a 587 alumnos. La Zona Educativa lamentó lo que ocurrió dentro del plantel, pero indicó que no es posible cerrar el plantel. Se complica reubicar a todos los estudiantes.
Ramírez resaltó que asignaron un equipo multidisciplinario a la institución que se mantendrá hasta el 31 de julio de 2017. Al final del año escolar se revisará el expediente.