El 9 de noviembre de 2016, los ciudadanos REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO, LAURA AGUERREVERE F. y RAMONA DEL CARMEN CHACÓN ARIAS, venezolanos, abogados; actuando con el carácter de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E), el primero de los nombrados; el segundo de los nombrados y demás abogadas mencionadas introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo constitucional ante la Asamblea Nacional.
De la mencionada estrategia legal se desprende que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el martes a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro al considerarlo “inconstitucional”. Así mismo, gracias al amparo, se prohíbe “convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos”, cosa por demás lógica, pero que puede entenderse como una prohibición al derecho a protestar.
Estos cuatro ponentes también pidieron en su escrito “evitar que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores o voceros políticos, emitan opiniones y convoquen a … movilizaciones hacia zonas declaradas de seguridad conforme a la Ley, y en las cuales funcionan los Poderes Públicos; evitar que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores o voceros políticos, convoquen a movilizaciones o actos de masas dirigidos a realizar llamados al desconocimiento o agresión de los Poderes Públicos o sus actuaciones” y, no menos importante, “prohibir a los medios de comunicación social la retransmisión o transmisión en diferido de las informaciones relacionadas con los hechos contemplados en los puntos anteriores”.
Tres de cuatro, te debemos a una de las abogadas. El país tiene derecho a conocer los rostros detrás de las acciones de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.
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