Doménico Di Gregorio Rossi supo que las amenazas eran reales una mañana en los tribunales. Estaba revisando documentos de uno de los juicios políticos más viciados en el país cuando recibió la llamada de un vecino. Grupos armados y violentos habían entrado a su residencia repitiendo una y otra vez su nombre. Fueron por él, pero no lo consiguieron. Estaba sentado frente a su escritorio estudiando los expedientes del caso que le costó su carrera y le cambió la vida: Puente Llaguno. No obedeció órdenes del alto Gobierno y fue desplazado. Casi automáticamente tres comisarios y ocho policías metropolitanos fueron apresados. Terminaron condenados tres años después. La justicia verdadera, a diferencia de esa sentencia tardía, no ha llegado.
Dayrí Blanco / El Carabobeño
Ese día, el abogado había decido caminar desde su residencia hasta el Palacio de Justicia de Maracay: un kilómetro. Hizo el recorrido despacio. Fueron cinco cuadras en las que pasó por un área militar, viviendas, un centro comercial y dos semáforos. Su camioneta la había dejado en el estacionamiento. Y fue el blanco elegido por los agresores para dejar constancia de su acción con un disparo certero en el vidrio del piloto.
“Gente del Gobierno” llamaba a su oficina desde antes. Rossi nunca atendió para no caer en su trampa. Hubo comunicaciones a su celular advirtiéndole que irían contra la vida de sus hijos y hasta el anuncio público del presidente Hugo Chávez de removerlo del cargo como juez de primera instancia de control en Maracay. Todo por negarse a emitir órdenes de aprehensión contra los policías metropolitanos y enfrentarse a quien definió como el gran aliado de la injusticia en el caso: el fiscal de Ministerio Público, Danilo Anderson.
UN JUEZ IGNORANTE
Hay detalles del caso que se le han olvidado. Di Gregorio Rossi ha elegido dejarlos atrás. Pero si hay algo en lo que no titubea es en la conclusión que habría tenido el juicio contra los funcionarios implicados en los hechos del 11 de abril de 2002, de haber continuado bajo su responsabilidad: “No estarían tras las rejas”.
No había elementos que probaran la responsabilidad de los uniformados en los hechos de ese día. Tampoco había motivos para que el juez firmara la orden de captura el 27 de diciembre de 2002, cuando fue solicitado por Anderson. “Ellos ya estaban bajo régimen de presentación y lo cumplían. No había riesgo de que evadieran la justicia”, y por eso lo llamaron “ignorante”.
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