El juicio que determinó por unanimidad de un jurado en EEUU la culpabilidad de los sobrinos de Cilia Flores, comprobó varios temas que venían siendo comentados por la opinión pública. Entre ellos, el uso de pasaportes diplomáticos y de instituciones públicas como las FAN, el aeropuerto de Maiquetía y de la rampa presidencial para traficar drogas.
En cualquier parte del mundo, como mínimo, ya los organismos competentes habrían iniciado investigaciones. No así en Venezuela, donde la justicia está secuestrada por una casta cívico militar que desgobierna en base a la mentira.
Desde el inicio del caso, el pago de los abogados de los Flores estuvo relacionado con Pdvsa. Al principio fueron representados por el bufete Squire Patton Boggs, que tiene entre sus clientes a Citgo. Luego, Francisco Flores contrató a Sidley Austin, otra firma relacionada con Pdvsa y Efraín Campos Flores seleccionó al bufete Boies, Schiller & Flexner.
Cuatro meses después de que lo denunciáramos en CuentasClarasDigital, el empresario Wilmer Ruperti reconoció que pagaba los honorarios de los costosos bufetes. El millonario contrato de Pdvsa que recibió una de sus empresas, así como la deuda de la petrolera con otra de sus compañías, son las causas de la generosidad del contratista.
Luego de varias maniobras para tratar de despistar, quedó claro que el origen del dinero que paga la defensa está relacionado directamente con Pdvsa, es decir, pertenece a todos los venezolanos.
Chávez y Maduro convirtieron a Pdvsa en el banco privado del régimen con la complicidad de Ramírez que declaró que Pdvsa era “roja, rojita”, violando la Constitución. En nombre de “la revolución”, cambiaron los objetivos de explorar, producir y exportar petróleo y gas por los de un negocio financiero ilegal para el enriquecimiento propio, de familiares y amigos.
Negocios fraudulentos como los relacionados con los fondos de los trabajadores, la tragedia de Amuay, las irregularidades con la emergencia eléctrica, los guisos en Bariven, las cuentas de funcionarios de Pdvsa en Andorra y las comisiones del Fondo Chino-Venezolano, entre otros, evidenciaron las redes establecidas por Ramírez y manejadas por su primo Diego Salazar y su cuñado, Baldo Sansó.
Esta semana la Asamblea Nacional declaró la responsabilidad política de Rafael Ramírez por estos hechos y otros aún bajo investigación. De acuerdo a ello, el Ministerio Público debería iniciar una averiguación penal para llevar a la cárcel a quien pasará a la historia como el responsable de la quiebra moral y financiera de Pdvsa, que fuera una de las empresas con mayor credibilidad y respeto en el mundo de los negocios petroleros.
Como siempre hemos dicho, la corrupción política es la llave que abre la puerta a delitos graves como el tráfico de drogas. Se ha impuesto una especie de gran licuadora donde desde el poder se mezclan los dineros de la corrupción y el narcotráfico. Recordemos el caso del ex director del CICPC Norman Puerta y sus cómplices – por cierto también con pasaportes diplomáticos como asesores del ministerio de Finanzas- enjuiciados por lavado de dinero y narcotráfico. Al igual que Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, tenían cuentas millonarias en Banca Privada de Andorra manejadas por el mismo ejecutivo de cuentas, que también tenía a su cargo el entramado de negocios de grupos de delincuencia organizada chinos y rusos.
Sin duda, tenía razón Maduro cuando reconocía, al asumir la presidencia de la República, que la corrupción y la impunidad se estaban tragando la revolución. En efecto, quedó totalmente triturada.