La Unidad Democrática se declaró en sesión permanente este lunes en la noche, ante el recrudecimiento de la situación económica que se avizora para enero de 2017, que colocará a los venezolanos es una situación aún más delicada, anunció Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la alianza partidista opositora, publica unidadvenezuela.org.
Torrealba aseguró que en la Unidad hay preocupación por la cantidad de establecimientos comerciales e industriales que han cerrado sus puertas, situación que se registra desde los primeros días de noviembre, producto de lo que denominó “el decreto de hambre”- el decreto de aumento de salario anunciado por Nicolás Maduro- que impide a esas empresas soportar esas cargas.
En su programa radial La Fuerza es la Unión subrayó que los establecimientos que no han cerrado también se las verán difícil, cuando se agoten los inventarios de productos, ya que resultará muy costoso su reposición.
“En un país que tiene una inflación ya muy alta, nos vamos a encontrar con un nuevo disparo inflacionario. Es una situación muy complicada y el gobierno subestima la realidad”, apuntó.
Aseguró que eso exige a la alianza opositora “unión y coherencia” en todos los escenarios. Subrayó que la Unidad está en un proceso de autocrítica, para determinar dónde la actuación no ha sido acertada para corregirla a fin de “relanzar la lucha”.
El derecho a la arepa
Torrealba también se refirió a la las situación que enfrentan las plantas que producen harina de maíz por la falta de materia prima, entre ellas Empresas Polar, situación que a su juicio es “un ejemplo de cómo el gobierno prefiere hacer que los venezolanos pasen hambre antes de tomar una medida elemental de racionalidad económica”.
Esto lo manifestó a propósito de un comunicado emitido este lunes por Conindustria sobre lo que calificó como el “derecho del venezolano a la arepa”.
En ese pronunciamiento los industriales advierten que, ante la crisis registrada en las plantas por falta de maíz blanco, los venezolanos serán sometidos a “mas escasez, inflación, empobrecimiento y hasta desnutrición.
Torrealba destacó que el régimen “boicotea, sabotea y agrede” a los productores venezolanos y a la agroindustria, así como a los demás sectores de la economía nacional.
“El gobierno agrede en forma salvaje el derecho a la alimentación”, aseguró y manifestó que no es una pelea solo del bloque unitario, o de los empresarios, sino de todos los sectores del país
12 años de venganza contra Simonovis
Torrealba recordó que este martes se cumplen 12 años de la persecución judicial contra el ex secretario de seguridad ciudadana de la entonces Alcaldía Mayor, Iván Simonovis, sometido a un proceso por los sucesos de abril de 2002.
Recordó que el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, tiene hoy protección de Estados Unidos tras reconocer que violentó la justicia en el caso de Simonovis y los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, todavía detenidos.
Bony de Simonovis conversó con Torrealba y destacó que su esposo fue objeto de una venganza por parte del entonces presidente Hugo Chávez.
Dijo que no está resignada, ni declina en la lucha después de 12 años. “Lo grave de todo esto es la incertidumbre”, aseguró.
Para Torrealba, no solamente se trata de que el ex funcionario haya sido escogido como “chivo expiatorio”, sino que es un asunto que va más allá de una injusticia.
“Iván Simonovis es, además, de un rehén político, es un rehén histórico, porque los hechos del 11 de abril configuran un delito de lesa humanidad”, apuntó.
“Fue un crimen por parte de un gobierno que dio una orden terrible de activar el entonces Plan Ávila para masacrar a una población civil”, dijo Torrealba al recordar lo ocurrido en las inmediaciones del palacio presidencial de Miraflores, en abril de 2002, cuando Chávez estaba en el poder.
No dudó en calificar este hecho como “un delito contra la historia del Venezuela”.
Agresión continuada
Torrealba también le dio cabida en su programa a una denuncia de dirigentes de la Unidad en el estado Trujillo, víctimas de lo que calificó como “una agresión continuada” por su actuación en la recolección de firmas a favor del referéndum revocatorio.
Darío Fajardo, secretario ejecutivo de la Unidad en esa entidad, informó que fue admitida una querella interpuesta por tres oficialistas ante el juez de control, Jorge Pachano, contra cuatro dirigentes regionales por un supuesto fraude en ese proceso.
Los señalados son Enrique Catalán, el alcalde de Valera, Jorge Karkom, Manuel Mendoza y el mismo Fajardo, quien destacó que es curioso que el gobierno esté participando en el diálogo, “pero está pateando la mesa al intentar reprimirnos a nosotros a través de esta medida judicial”.
Torrealba destacó la gravedad de lo que está ocurriendo a nivel regional con dirigente opositores, pues se trata de la continuación de la “maniobra oscura” de utilizar tribunales penales para secuestrar la consulta popular.
Manifestó que se activarán los equipos para atender esta situación , incluyendo las redes de apoyo legal.