Luego de un año de juicio en la ciudad de Nueva York, los sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron declarados culpables de tráfico de droga. En dicho proceso judicial hay datos que incriminarían a instituciones del Estado en narcotrafico, así como indicios que apuntan a una presunta complicidad y encubrimiento de parte del Gobierno.
Por José Ignacio Guedez / @chatoguedez
Urge, por el bien de la nación, una investigacion seria y objetiva sobre el caso, para determinar veracidad en cuanto a: 1) El uso o no de pasaportes diplomáticos y de funcionarios de la fuerzas armadas en los hechos condenados, 2) La legitimidad de los fondos que financiaron la defensa de los acusados, 3) El uso o no de la rampa presidencial para despegue de aeronaves con presuntos cargamentos ilegales.
Por su parte la Asamblea Nacional debatió sobre el tema en uso de sus atribuciones constitucionales, al tiempo que La Causa R solicitó a la Fiscalía la apertura del procedimiento de Antejuicio de Mérito contra el Presidente de la Republica.
Esto desató la furia de Nicolás Maduro, al punto que decidió suspender el diálogo hasta que su amigo Zapatero lo convenció de la impertinencia de dejar evidencia de su debilidad. Pero lo más incriminatorio ha sido la omisión de parte del Gobierno en cuanto a siquiera una nota de protesta diplomática contra el Imperio que, según los pocos defensores de los sobrinos de la pareja presidencial, secuestró a esos dos jóvenes venezolanos.
Mientras Mario Silva y Pedro Carreño se rasgan las vestidura en favor de los condenados comparándolos con los “cinco herores cubanos”, los tíos guardan silencio mientras mantienen excelentes relaciones comerciales con los Estados Unidos, recibiendo a Shannon de vez en cuando. Si los sobrinos de la pareja presidencial no cometieron ningún delito y fueron simplemente secuestrados por los gringos, ¿Cómo se explica la falta de protesta formal del gobierno venezolano y del resto de gobiernos antiimperialistas aliados?
Pero mientras esto pasaba, en el aeropuerto internacional Jacinto Lara de la ciudad de Barquisimeto, retenían una aeronave y a su dueño,a quien luego Nicolás Maduro amenazara con la carcel en cadena nacional. Se trataba del presidente de empresas Polar,Lorenzo Mendoza. Pero ¿Cuál era el delito? Obviamente no era el narcotrafico porque de ser así hubiera despegado sin problema. Es otro tipo de polvo blanco, la harina de maíz, la que este Gobierno hambreador criminaliza. Mientras nuestro Estado se dedique a proteger delincuentes y a perseguir productores de alimentos, el pueblo seguirá sometido a esta catastrofe económica y social. Un país donde sea más riesgoso comercializar harina que traficar cocaína, está destinado a la tragedia. No en vano vivimos niveles de inflación y delincuencia sin precedentes históricos.
El diálogo no puede ser un chantaje para la MUD y la Asamblea Nacional que debe abrir una averiguación formal en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial. La mesa de negociación no se creó para convertirnos en cómplices de las atrocidades de esta dictadura criminal. Nuestro deber con el país es hacer oposición en procura de un cambio, a riesgo de lo que sea. En La Causa R lo tenemos claro.
JOSÉ IGNACIO GUEDEZ
Secretario General de La Causa R
Twitter: @chatoguedez