La alianza opositora venezolana anunció que no acudirá a la reunión del martes con representantes del gobierno, al que acusó de incumplir acuerdos preliminares.
Por JORGE RUEDA, Associated Press
El anuncio sumió en la incertidumbre el proceso del diálogo entre la administración del presidente Nicolás Maduro y la oposición para superar la crisis que atraviesa el país.
“Informamos al país y al mundo que nosotros seguimos en el mecanismo de diálogo, pero no vamos asistir a esa reunión del día hoy (martes)”, dijo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones.
La oposición acusó al gobierno no cumplir, entre otros, el acuerdo de revertir una sentencia, aún no definitiva, del Tribunal Supremo que declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional.
El diálogo, que se centra en la permanencia de Maduro en el poder, pretende conjurar eventuales escenarios de violencia y buscar soluciones a las tensiones políticas y a una compleja crisis económica. Venezuela sufre una desbordada inflación, graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una fuerte recesión agravada por la caída del precio del petróleo, que supone el 96% de los ingresos por exportaciones del país.
Luego de dos encuentros entre representantes de Maduro y la oposición desde el inicio del proceso el 30 de octubre, la oposición afirmó que se vio obligada a revisar los términos de su participación.
Entre las distintas opciones que se barajaron Torrealba comentó que la alianza se inclinó por mantener el contacto “únicamente” con los facilitadores de las conversaciones -entre los que figura un representante del Vaticano, además de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana- a los efectos de hacer seguimiento al eventual cumplimiento del gobierno.
“Cuando se produzca el cumplimiento de lo ya acordado entonces estudiaremos restablecer” el diálogo, acotó.
Los adversarios de Maduro señalaron que ellos cumplieron con su parte al suspender sus protestas callejeras y modificar la agenda de la Asamblea Nacional, que postergó la realización de un juicio político contra Maduro iniciado en octubre.
El juicio por presunto abandono de sus deberes constitucionales es simbólico y no puede provocar la destitución de Maduro -ya que la constitución no otorga ese poder al Legislativo-, pero según sus impulsores derivará en una “sanción moral” al mandatario, cuya popularidad ha caído afectada por la crisis.
Además de las competencias del Legislativo que fueron anuladas por el Tribunal Supremo, acusado de estar bajo el control del oficialismo, la oposición exige la liberación de más de un centenar de activistas políticos.
Las partes también habrían acordado llamar a elecciones en Amazonas para volver a elegir a los diputados de ese estado luego de que el máximo tribunal bloquease su juramentación por la supuesta compra de votos. Esa sentencia privó a la oposición de la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes que es necesaria para aprobar leyes fundamentales.
El oficialismo, por su parte, negó la existencia de algún compromiso.
En ese sentido, el influyente diputado oficialista Diosdado Cabello acusó el lunes al secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, de ser un “irresponsable” que intenta “tutelar a Venezuela”, citando una carta que el prelado habría enviado al gobierno.
La oposición afirma que en la carta el papa Francisco instaba a Maduro a cumplir los requisitos del diálogo.
“El papa no ha mandado ninguna carta, quien ha mandado una carta fue el señor Pietro Parolin”, dijo Cabello, sin dar detalles sobre el contenido de la misiva.