Una sana política laboral se fundamenta en el adecuado equilibrio entre la creación y la permanencia en el empleo, así como también en la garantía de suficiencia del salario. Complementa el trípode un sistema de Seguridad Social que ofrezca cobertura eficiente a las contingencias que procura satisfacer un Estado Social de Derecho. Lastimosamente esa no es la ecuación que se sigue en Venezuela donde ha reinado la improvisación, la fobia a un manejo independiente de indicadores de gestión pública e incluso la mediocridad.
Por ejemplo, respecto del derecho al trabajo (acceso y permanencia en el empleo) las directrices del Estado se han orientado exclusivamente a impedir -literalmente- toda forma de despido, esto es, incluso los justificados que vía retardo procesal se van acumulando en la Administración del Trabajo sin solución de continuidad. Con sinceridad: no existe un fomento real de nuevas plazas de trabajo pues los múltiples obstáculos legales, la carencia de seguridad jurídica y la casi total erosión tanto del derecho a la propiedad privada como de la libertad económica (ambos de raigambre constitucional) inhiben la nueva inversión al tiempo que limitan la existente.
Habida cuenta lo anterior, el mercado de trabajo coloca al eslabón más débil en la comprometida circunstancia de tener que optar entre aferrarse a toda costa en el empleo formal existente con un salario que sencillamente no alcanza, o canjear su “estabilidad laboral” por un aparentemente jugoso paquete de salida que los condena en el desempleo prolongado a riesgo de incorporación en el mal llamado sector informal de la economía, esto es, sin certeza de ingresos, al margen del manto protector de la legislación laboral y prácticamente excluidos del sistema de seguridad social también. Como he dicho en otras ocasiones: el patrono no es enemigo del Estado y mientras no superemos esta barrera ideológica, resulta imposible avanzar en este importante aspecto donde la función del Gobierno es fomentar, estimular y apalancar la iniciativa privada antes que reprimirla e inhibirla.
Con relación al principio de suficiencia del salario: sencillamente no es viable ningún planteamiento cuando la política fiscal y monetaria se traducen en una pérdida directa del poder adquisitivo de todos los habitantes del país. Decía el Dr. Caldera y con razón que costó mucho al Derecho Laboral lograr consagrar en el tiempo la prohibición del pago del salario en especie, pero que en una economía inflacionaria -que en el contexto actual está unida con la escasez- la demanda del trabajador se dirige a que el patrono satisfaga sus necesidades básicas mediante el cumplimiento en especie ¿o no es verdad que hacia eso se orientan los nuevos planteamientos sindicales en los procesos de negociación colectiva e incluso las propuestas de coaliciones de trabajadores en aquellas empresas en las que no existen organizaciones formales que los representen?
Tristemente hay que admitir que el salario en Venezuela es fijado unilateralmente por el Ejecutivo Nacional al margen de lo establecido en nuestra legislación laboral vigente; y peor aun: disociado de la producción y productividad de las empresas que aun hacen vida en el país. ¿El efecto? Sencillo: mayor lejanía entre el salario nominal y el real. Dicho en otras palabras, el salario devengado por la mayoría de los trabajadores está muy lejos de honrar el principio de suficiencia según el cual el trabajador debe garantizar su existencia, la de los miembros su familia, la satisfacción de sus necesidades, el acceso a la propiedad privada y el ascenso social. Respondamos honestamente: ¿cuántos tienen acceso real a la propiedad privada, a amasar un patrimonio? ¿Fue a través del ahorro de su salario? Mientras no asumamos esto y orientemos acciones efectivas para su solución, continuará y aumentará la tensión entre capital y trabajo, pues para uno los ajustes del salario mínimo serán cada vez más difíciles de pagar, en tanto que para los otros resultará progresivamente insuficiente.
Finalmente la Seguridad Social: la gran pata coja del proyecto político vivido desde 1999 que luego de desmontar el diseño planteado incluso en normas durante la fase final del segundo gobierno del Dr. Caldera, sencillamente no supieron que hacer. El IVSS sigue siendo hoy ese elefante blanco que se traga una inmensa cuota del presupuesto del Ministerio con competencia en materia laboral a cambio de una profunda ineficiencia en la cobertura de las contingencias a las que está obligado por el propio artículo 86 de nuestra Constitución. Con suma dificultad se pagan las pensiones por vejez -aunque públicamente se trate de decir otra cosa- pero si usted pregunta por las contingencias de maternidad, paternidad o por el pago frente a la pérdida involuntaria del empleo concluirá que se trata de un sistema moroso e ineficiente, donde el mayor esfuerzo se concentra en la recaudación y fiscalización antes que en la cobertura de las contingencias que se acumulan incesantemente al calor de una desatinada política laboral. En muy apretada síntesis, si lo que viene para el año próximo es más de lo mismo, es forzoso concluir que el panorama laboral de 2017 será de miseria pura.
Jair De Freitas De Jesús
@jair_defreitas