A casi un mes de ocurridos los saqueos y actos vandálicos que sacudieron en diciembre pasado a Ciudad Bolívar, y que arrojaron al menos 360 comercios de diversas ramas destrozados, los comerciantes afectados aún esperan por el dinero correspondiente a los créditos prometidos por el Gobierno nacional.
Nota de prensa
A pesar que el vicepresidente (para ese momento) Aristóbulo Istúriz, al siguiente día de sucedidos los hechos irregulares, prometió que en un lapso de 72 horas tendrían en sus manos los dineros necesarios para volver a levantar sus negocios, sólo 28 de los afectados recibieron créditos, que a la fecha todavía no tienen liquidez.
“Esto nos preocupa”, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Bolívar, Austerio González, al ser entrevistado en una conocida emisora de radio en esa ciudad.
González dijo que muchos de los comerciantes afectados no han podido hacer efectivo los créditos que entregarán las autoridades nacionales y regionales, con apoyo de la banca pública.
El comercio en esta ciudad está en declive, principalmente el destinado a alimentos y víveres.
El presidente de Fedecámaras Bolívar, Fernando Cepeda, describió el gran impacto que esto ha generado en la economía de esta ciudad, donde no sólo se han perdido cerca de dos mil 160 empleos directos, y lo complicado que será para muchos comerciantes poder recuperarse.
La situación, además, creó un clima de zozobra, que ha impedido el normal desarrollo de la actividad, y el abastecimiento seguro de productos.
“Los transportistas que deben traer, tanto alimentos como otros productos, a Ciudad Bolívar tienen restricciones por parte de sus empresas, porque consideran que la ciudad sigue siendo altamente peligrosa y, sucesibles a saqueos de sus unidades de transporte”, acotó.
Cepeda señaló que esto ha provocado se acentúe la falta de productos en los anaqueles, y exista una mayor escasez de mercancía en los pocos comercios que quedaron en pie.
El sector empresarial apuesta por que se genere un ambiente de confianza y, se permita abrir un proceso de inversión garantizando la seguridad necesaria a comerciantes y población en general.