Los hechos que dan título al presente artículo, son de los más punibles en la historia judicial del país. Maracay, 15 de enero. Hoy conocimos a Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado (El Gato), privados de libertad por el atrevimiento de protestar pacíficamente. Penados en el estado Aragua. El atolladero en que la vida y el régimen los han ido metiendo, nos hizo plantear un análisis comparativo con base a conductas delictivas florecientes en el país, para arrojar luces sobre actuaciones judiciales brutales, originadas por designios gubernativos de un estado tirano que se inventó un Comando Antigolpe para arreciar la política del miedo y el terror con procesos penales maleados.
La dictadura aspira llegar con la inercia de irrespeto al estado de derecho a una situación de normalidad en la violación de derechos humanos, embrutecida con una espiral de salvajadas judiciales, que tiene en el Circuito Judicial Penal del estado Aragua un foco de marramuncias procesales, ceñidas a una dinámica oficial que involucra la complicidad de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, por efecto de la sumisión al Ejecutivo, el Legislativo también tomó parte en la represión contra la oposición bajo ese esquema delictuoso, convirtiendo al Sistema de Justicia en un utensilio para destruir al adversario, con leyes obedecidas pero jamás cumplidas.
Las causas penales nacidas con Eladio Aponte Aponte en esa circunscripción judicial, como resultado de la fatal inconciencia política de la destrucción, el silencio y la muerte, nunca se resuelven. Están consignadas en folios de prosa legal, miles de páginas, cientos de legajos, porque de lo que se trata es de mantener un proceso irresuelto por un acto de voluntarismo político. Una justicia de la paradoja convertida en castigo, arrinconando a los procesados, cercándolos, despojándolos, dejándolos que sucumban ahogados en tinta y papeles, de impotencia y desesperación, degollados por fiscales, jueces y carceleros, que hacen lo que hace un buen verdugo, seguir órdenes, ante la mirada indolente de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Servilismo, del más común y silvestre, hizo del Circuito Judicial Penal del estado Aragua un degolladero judicial, donde la exposición al escarnio público, tácita en la criminalización de la disidencia, aumenta la humillación de verse descabezado, pues forma parte del castigo. Servilismo patente en componentes del Sistema Judicial, destacando el acabose punitivo del Ministerio Público -incluyendo la insidia de los órganos de investigación penal-, la malignidad de los tribunales y las truculencias del sistema penitenciario o de la policía política; funcionarios como Marjorie Calderón Guerrero de Viamonte, Juan Luis Ibarra, Francisco Coggiola Medina, Alfredo Germán Baptista Oviedo, Domingo Antonio Durán Moreno, Fabiola Colmenarez, María Alejandra Silva, Francisco Ramón Motta, Julio Urdaneta, Iris Araujo Francés, Mary Carmen Amarista, Luisa Ortega Díaz, Turcy Simancas, Sonia Busznego, Haifa Aissami Madah, Roberto Acosta Garrido, Luis Verde Coronado, Cedrys Palencia y Yajaira Calderine, son tan sólo algunos de los que simbolizarían ese servilismo.
En la “cuna de la revolución”, y de las barbaridades del Benemérito, de donde, no por casualidad, viene quien está a cargo del Comando Antigolpe, la pudrición del Sistema Judicial deja en claro el talante de los operadores de justicia en esa entidad: quien es servil, encubierto en una investidura mal habida, también es pusilánime, temor infundido por el fantasma del descabezado, llevándolo a no querer acordarse ni que se conozcan esas malas memorias, luego que, con sus ansias mortales de destruirlo, tras cada petición, apelación, solicitud de aclaración, amparo o impugnación, arremete con creciente encarnizamiento, dejando al procesado como en el centro de una alucinación o de una pesadilla, contrariando todos los pronósticos de la defensa, del degollado y su familia.
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