Trabajadores de la industria del cemento solicitan que se revisen los precios a los cuales se comercia el producto a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), programa al cual se destina el 90% de la producción nacional, reseña El Impulso.
Así lo informó Orlando Chirinos, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Cementera, quien señaló que el precio de venta a GMVV es de Bs. 150, lo que puntualizó es insuficiente. Detalló que el sólo el costo del empaque para la venta es de Bs. 450, lo que representa un déficit importante.
Asimismo, subrayó que los trabajadores de la industria están comprometidos por la Misión Vivienda, pero se debe sincerar el precio del producto.
En este sentido, indicó que producir un saco de cemento cuesta aproximadamente Bs. 4.500, precio que incluso es menor al del mercado especulativo, hasta en Bs. 15.000. Sin embargo, este últimono beneficia la industria cementera para su reinversión.
Propuesta de trabajadores
La caída en un 50% de los niveles nacionales de operatividad anual de la industria del cemento, alarman a sus trabajadores. Es por ello que el sector ha desarrollado un el Plan Cemento.
Chirinos detalló que la propuesta se concentra en la solicitud al ministro Manuel Quevedo, por estar adscritos al Ministerio de Hábitat y Vivienda, de un encuentro, a fin de plantearle al igual que hicieron con el ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, un plan de reimpulso del sector, a fin de recuperar niveles óptimos de producción. El sector ya tiene una propuesta.
Los trabajadores de la industria están dispuestos a recuperar la producción, pero este proceso requiere de inversión y de un plan de exportación del producto.
Asimismo, expresó que el planteamiento de los trabajadores está referido a la justa distribución de las riquezas, directamente relacionada con la homologación de los beneficios y del contrato marco nacional.
Sobre la designación de Francisco Torrealba como ministro del trabajo, expresó que también han solicitado una, a través de la federación, un encuentro, a fin de plantear problemáticas en materia laboral, concernientes a procedimientos administrativos, y “avanzar” en la ejecución del Contrato Marco de la Administración Pública, así como la homologación como corporación socialista.
Esperan la materialización del ajuste del 50% sobre los salarios, según decreto presidencial, a pesar de ser parte de las empresas del Estado.