“El poder sin límites, es un frenesí que arruina su propia autoridad.” François Fenelón
Como a BOVES, a los adversarios del gobierno sometidos a persecución penal, en los tribunales de Maracay los azotan hasta desgarrarlos en cuerpo y alma, una vez en el paredón, simulan fusilarlos con descargas de salva y terminan acuchillándolos para que mueran desangrados, como acostumbraba hacer el asturiano para atemorizar y escarmentar. Juzgadores en esa ciudad, celosos del infortunio de los opositores que caen en sus manos, harían eso dando forma legal a la arbitrariedad, reflejando la dura realidad de hallarse a merced de bandidos, presos, arrancados de su sitio en la humanidad.
En Maracay, la insolencia de los azotes de opositores no tendría límites materializando la perversidad oficial. Aplican agresión, descalificación y humillación. ¿Acaso no es eso lo que hicieron los juzgadores de RAUL EMILIO BADUEL CAFARELLI y ALEXANDER ANTONIO TIRADO LARA? En ese sentido, ¿en qué se diferenciarían sus juzgadores, JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, JULIO URDANETA, IRIS ARAUJO FRANCÉS y LUIS VERDE CORONADO, de los azotes de barrio? Posiblemente en la impunidad con que actúan. Digo “posiblemente” porque al presente ambos gozarían de la misma ilegalidad, más si los primeros, encumbrados por el Sistema de Justicia, se sabrían indulgentes con los segundos, investidos por la criminalidad, acrecentando el perfil delictivo de los administradores de justicia en Venezuela.
“En esta circunscripción judicial, los jueces MARJORIE CALDERÓN GUERRERO, JUAN LUIS IBARRA, JULIO URDANETA, IRIS ARAUJO FRANCÉS, LORENA MORENO, ALFREDO GERMÁN BAPTISTA, DOMINGO ANTONIO DURÁN, FABIOLA COLMENAREZ, ENRIQUE LEAL VELIZ y MARY CARMEN AMARISTA; y los fiscales del Ministerio Público LUISA ORTEGA DÍAZ, ROBERTO ACOSTA GARRIDO, LUIS VERDE CORONADO, TULIO MENDOZA, SAMUEL ACUÑA LARA, YOLI ABELINA TORRES, LUZ MAYELA HERNÁNDEZ, SIRIA LAW, TURCY SIMANCAS, SONIA BUSZNEGO, HAIFA AISSAMI MADAH y KATIUSKA OCHOA CHACÓN serían un claro ejemplo de cómo el gobierno valiéndose del Sistema Judicial, peor aún, usando a juzgadores de conducta obsecuente como ellos, quiere sacrificar en la sombra a opositores como RAUL EMILIO BADUEL CAFARELLI y ALEXANDER ANTONIO TIRADO LARA, a fuerza de terrorismo judicial, conculcando derechos fundamentales, negando la posibilidad de un juicio justo y apegado a las garantías”, expuso una fiscal jubilada. Eso es así, las representaciones fiscales y jueces son actores interesados exclusivamente en la marginación o represión de los adversarios políticos. Aplican la fachada de un proceso penal, dejando de lado la estricta legalidad. No aplican las garantías penales, obvio, estamos en presencia de un modelo penal autoritario, de víctimas del modelo judicial penal contra el enemigo político existente en Venezuela, una copia de la Alemania hitleriana y la Cuba fidelista.
Ante la evidente imposibilidad de tutela judicial efectiva y debido proceso en los tribunales de Aragua, el ejercicio de la defensa está trabado con la astucia y cada adversario político llevado al paredón tiene que ingeniárselas para procurársela, realidad que han vivido en carne propia mis colegas THERESLY MALAVÉ, OMAR MORA TOSTA y LEONARDO LUCES, abogados defensores de RAÚL y ALEXANDER; los implacables azotes de opositores hacen agobiante la tarea de la defensa, esforzándose en ser percibidos como conspicuamente temidos. Este escenario se complica aún más, si quienes adversan al gobierno se muestran irreductibles, enredada situación que hace palpable inesperados atropellos, vejaciones y desmanes contra quienes ya se consideraban almas para funerales.
En su condición de azotes de opositores, son los secuaces ideales de un régimen que perdió el apoyo popular, “ALEJANDRO PIRILLO, FRANCISCO COGGIOLA, FABIOLA COLMENARES, ALFREDO GERMÁN BAPTISTA OVIEDO y DOMINGO ANTONIO DURÁN MORENO, en connivencia con MARJORIE CALDERÓN GUERRERO y JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, más hoy desde el TSJ, siempre se les ha visto torpedeando la actividad recursiva de la defensa desde la Corte de Apelaciones o la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Aragua en causas instruidas por motivaciones políticas”, aportó una fuente judicial fidedigna, “impidiendo el libre acceso a las actas procesales de expedientes prefabricados, justificando que los jueces retengan en sus despachos dichos expedientes por ser considerados casos sensibles o de seguridad nacional -como el de RAÚL y ALEXANDER-, excluyéndolos del Archivo Judicial central en el cual deberían reposar, entrando en contradicciones al esgrimir como único argumento para esa retención indebida el gran tamaño de los mismos, indudablemente, a los fines de obstaculizar toda posible solución al conflicto”, concluyó la fuente.
Como es una actuación ilegal, contraria al derecho internacional de los derechos humanos, hecha por indudables autores de delitos de lesa humanidad, en el Circuito Judicial Penal del estado Aragua no existen mecanismos automatizados de control de las incidencias procesales, como tienen otras circunscripciones judiciales tan alejadas del centro del país como San Fernando de Apure o Tucupita; tendrían, eso sí, no pocos mecanismos de chantaje, según los cuales se proveen fórmulas de entendimiento económico para conceder medidas cautelares sin mayores repercusiones procesales, reflejando no sólo el agotamiento sino el colapso del gobierno chavista.
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