Asignan 8 mil hectáreas a minera Oro Azul para explotar coltán al oeste de Bolívar

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Cuatro días después de ceder los derechos de explotación de coltán a la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, el Ejecutivo nacional oficializó la delimitación del área geográfica en la cual la empresa mixta Oro Azul, creada en noviembre de 2016, explorará y explotará las minas y yacimientos de niobio-tantalio (coltán), casiteria, ilmenita, estaño, circón, diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento, publica Correo del Caroní.





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Se trata de 8.159 hectáreas de territorio que la compañía tendrá a su disposición en el megaproyecto estatal Arco Minero, específicamente en el municipio Cedeño del estado Bolívar, en donde se presume existen yacimientos de coltán, cuyos volúmenes no han sido determinados aún por el Ejecutivo.

El mineral azulado, no explotado industrialmente en Venezuela hasta ahora, es de inmenso atractivo en el mundo para la industria tecnológica, debido a su capacidad calórica y de conducción eléctrica.

La delimitación del área geográfica asignada a la compañía fue publicada en la resolución 1 del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, en la Gaceta Oficial N° 41.080 del 23 de enero de 2017. Solo resta que el Ejecutivo le transfiera el derecho al ejercicio de las mismas para proceder a los trabajos de exploración y explotación, como ocurrió la semana pasada en el caso de Parguaza, cuyo campamento fue instalado e inaugurado en diciembre en el municipio Cedeño del estado Bolívar.

“Los yacimientos de coltán, casiterita, ilmenita, estaño, circón, diamantes y oro, en el área delimitada, pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y son bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del Estado, por lo tanto inalienables, imprescriptibles y carentes de naturaleza comercial por ser recursos naturales no renovables y agotables, en relación a los cuales solo podrán ejercerse las actividades reservadas”, especifica el artículo 2.

Esta empresa mixta, agrega el artículo 3, podrá ejecutar estas actividades por un periodo de 20 años contados a partir de la fecha de publicación en Gaceta Oficial del decreto que le transfiere el derecho de ejercer las labores de exploración y explotación minera.

La creación de esta empresa mixta fue autorizada hace un mes, a través de la Gaceta Oficial N° 41.026, en la que también se oficializó la creación de las empresas mixtas Metales del Sur y Parguaza. En los tres casos, la Corporación Venezolana de Minería tendrá 55% de participación accionaria y estarán adscritas al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico.

Oro Azul fue conformada a través de una alianza entre la Corporación Venezolana de Minería y Supracal, una empresa venezolana del estado Lara, “con más de 25 años de experiencia, dedicada a la fabricación y distribución de cal”. Su experiencia en lo que respecta al coltán se desconoce.

10 mil hectáreas a Parguaza 

A la mixta Parguaza se le asignaron, el 6 de diciembre, 10.201 hectáreas de terreno en el municipio Cedeño, para las actividades de exploración y explotación de coltán, ilmenita, casiterita, estaño, circón, cuarzo, granito, diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento.

En el decreto presidencial que le confiere el derecho de explotación, el Ejecutivo aclara que no se garantiza la existencia de niobio y tantalio, componentes del coltán, ni de ningún otro mineral en el área delimitada, ni se obliga al saneamiento. “La ejecución de las actividades primarias se efectuará a todo riesgo de quienes las realicen”, indica el decreto.

La advertencia deviene de la falta de exploraciones en el área, por parte del Ejecutivo. “Esta empresa seguro, seguro, va a conseguir niobio, tantalio y estaño. Lo van a conseguir, pero no se sabe la cantidad ni la factibilidad”, aseguró este jueves a Correo del Caroní un investigador, que prefirió mantener su nombre en reserva.

El Arco Minero es un megaproyecto impulsado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se ha ganado el rechazo de organizaciones nacionales e internacionales, debido a la ausencia de estudios de impacto ambiental y social y la fragilidad de las zonas en las que pretende ejecutarse, principalmente por trasnacionales.