Las revelaciones de las escandalosas redes para la adjudicación de colosales obras públicas realizadas por los conglomerados brasileños Odebrecht, Camargo-Correa y OAS así como los resultados de las operaciones conocidas como “Lava Jato” efectuadas por la Policía Federal del Brasil han remecido no sólo altas esferas de gobierno del país carioca sino de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y, cómo no, del Perú, donde los sobornos a las autoridades y contribuciones en campañas electorales, han mostrado la crudeza de la corrupción en el Estado.
El escándalo no sólo ha involucrado a funcionarios con cierta capacidad de decisión sino –en algunos casos- al mismo sillón presidencial dejando expuesto la vergüenza de la sociedad por el uso de las prerrogativas de los Mandatarios en el manejo de la cosa pública en beneficio propio y del entorno de sus más allegados, como parece ser el caso de ex presidente peruano, Alejandro Toledo, donde el allanamiento judicial a su vivienda y la incautación de documentación exhibiría el grado de compromiso delictivo en la recepción de ingentes cantidades de dólares para la adjudicación de obras por parte Odebrecht.
Los ensayos para su defensa no se han hecho esperar. Inmediatamente ocurrido el registro a su domicilio conyugal y luego de las declaraciones de quien fuera su Presidente del Consejo de Ministros y actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la siempre controvertida esposa de Toledo, Eliane Karp, ha escrito en forma amenazante en su twitter: “¡Qué vergüenza PPK tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar, pero ¡sé lo que hiciste la última vez! (I know what you did last time!)”.
El desafío de revelar supuestos negociados, expone al presidente Kuczynski a un ocasional aprieto de ser, igualmente, escudriñado en una interminable y enredada historia de tramas de unas multimillonarias obras de construcción realizadas gracias a los beneficios que otorga las dádivas y premios a cambio de sus adjudicaciones.
La defensa de Toledo –parece ser- no será enfrentar directamente los cargos que se le imputan sino pretender desviar la atención hacia PPK como el perfecto instrumento para lograr un cauteloso amparo en circunstancias poco halagüeñas para él, donde el acelerado descenso de los índices de su aprobación gubernamental pretendería ser la perfecta herramienta para exponerlo al escrutinio público y, claro está, de incitar a las fuerzas políticas a una eventual sanción moral y vacancia presidencial, como ya lo había planteado un desubicado Congresista de su propia agrupación partidaria.
En las actuales circunstancias, donde el esperado milagro económico se ve irremediablemente pospuesto por un mercado mundial aún muy incierto y volátil, así como por los imprevistos desastres de la naturaleza que ponen en jaque las finanzas y la rápida fatiga de la actual administración, la maniobra defensiva sería muy peligrosa no sólo para el propio presidente peruano sino, especialmente, para la estabilidad política y la gobernabilidad del país.
La urgencia de contar con un gobierno fuerte que nos conduzca hacia el desarrollo demanda, por supuesto, un profundo viraje de aquellos innecesarios discursos provocadores del presidente y acercarse a las fuerzas partidarias más importantes de la nación, dejando en forma tangible a los ojos de la sociedad que cualquier acto de corrupción debe ser sancionado drásticamente.