La decisión adoptada anoche por el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) con respecto a la renovación de las organizaciones políticas “va a ameritar una repuesta no de la oposición, porque este no es un problema ni de la oposición ni de los partidos, este es un problema del país, de todos los venezolanos”, señaló este miércoles el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba.
Nota de Prensa
“Con estas normas se hace prácticamente imposible que la inmensa mayoría, si no la totalidad de los partidos y organizaciones políticas, puedan relegitimar su registro ante el CNE; y aunque la MUD está absolutamente legal, porque es la tarjeta y la organización política que más votos ha sacado en la historia electoral de Venezuela, está amenazada por una demanda ante el TSJ, y todos sabemos que el TSJ jamás ha emitido una sentencia a favor de la oposición en Venezuela”, añadió Torrealba en su programa radial La Fuera es la Unión.
El alto vocero opositor calificó de “grave” esta nueva decisión del CNE, pues afecta un proceso que debería ser normal y ordinario para permitir la relegitimación de aquellas organizaciones partidistas que no han acudido con tarjetas propias a los últimos procesos electorales o que lo hicieron pero no obtuvieron al menos el uno por ciento de los votos.
“Hay diferencias de opiniones sobre si esto es pertinente o no. Hay un proyecto de ley introducido por la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional (AN) que propone que aquellos partidos que tienen representación parlamentaria, obviamente han recibido el respaldo de la ciudadanía y, en consecuencia, la renovación de su inscripción como partido u organización política debería ser automática”, señaló.
“Sin embargo, ayer el CNE aprueba un mecanismo de renovación de partidos que es imposible de cumplir. Por esta vía, el Gobierno se encamina a imponer en Venezuela un sistema electoral como el de Cuba o Nicaragua, es decir, un sistema electoral donde quizá hagan elecciones, pero los únicos que compiten son ellos. Unas elecciones donde la gente quizá pueda votar pero no elegir, porque la inmensa mayoría de las organizaciones políticas podría estar fuera de juego al imponerse un sistema de relegitimación imposible de ser satisfecho”, añadió.
Las condiciones para cumplir con este requisito fijadas ayer por el CNE obligan a los electores a colocar sus huellas dactilares en 390 máquinas captahuellas que se dispondrán para ello en diferentes partes del país, entre el 18 de febrero y el 23 de abril, y que funcionarán solo los fines de semana. “En vez de ser un proceso para estimular lo que es un derecho, como lo es la organización de los ciudadanos en partidos políticos, es una carrera de obstáculos diseñada de tal manera que nadie pueda cumplirla”, aseveró Torrealba.
Una copia de Cuba y Corea del Norte
El exrector del CNE, Vicente Díaz, declaró a La Fuerza es la Unión que esta decisión “se inscribe dentro de la propia estrategia desarrollada por el Estado venezolano desde todas sus instituciones, exceptuando a la Asamblea Nacional elegida en 2015, para construir un sistema político que le permita la permanencia en el poder aun sin tener las bases populares y la legitimidad que genera el voto popular”.
Díaz señaló que esta decisión se une a otras dos “gravísimas” adoptadas el año pasado. “Una fue la suspensión del referendo revocatorio presidencial por tres jueces de provincia, con el aval del CNE, con lo cual se escamoteó al elector un derecho establecido por la Constitución y que ya ha sido ejercido por los venezolanos. Sin embargo, ante la abrumadora movilización del país, al Gobierno no le quedó otra que suspenderlo porque estaba encaminado a perder la presidencia de la República”.
La segunda fue la suspensión “inconstitucional” de las elecciones de gobernadores, que se debieron realizar en 2016. “Se pasó por encima de la Constitución, que establece que se deben realizar cada cuatro años, y las pasaron para el primer semestre de 2017. Y ahora parece que ni siquiera se harán este año 2017 porque no las ha convocado”, dijo.
A eso sumó el hecho de que los “voceros del Gobierno, que son los mismos voceros de todo el Estado, han dicho decir que esas elecciones regionales están supeditadas a la renovación de los partidos. ¿A cuenta de qué se suspende un proceso constitucional por el hecho de que hay que renovar partidos?”, cuestionó.
“Bajo ningún concepto se pueden modificar periodos constitucionales, suspender elecciones establecidas en la Constitución, para renovar partidos. Entre otras cosas porque esa renovación debió haberse hecho el año pasado, pero el CNE no la convocó y ahora lo hace en unas condiciones de imposible cumplimiento”, añadió.
Al respecto, Díaz destacó que se está haciendo obligatoria la identificación biométrica, lo cual, en su opinión, es discriminatoria porque buena parte de la población no puede trasladarse por tratarse de personas que están en condiciones precarias por la misma situación económica del país, por condiciones de salud o por dificultades de movilización.
“Lo que se ha hecho históricamente en Venezuela es llevar la recolección de las firmas a las casas de las personas. Lo hacen los militantes de los partidos, con presencia, incluso si es necesario, de testigos de otros partidos o de funcionarios electorales, y si después el CNE quiere validar esas firmas, convoca un proceso de verificación por la vía de la identificación biométrica de una muestra”, explicó.
También comparó esta decisión con las facilidades que se otorgaron al partido de gobierno, el PSUV, para sus elecciones internas, proceso para el cual dispusieron de 4.800 máquinas. “Uno se da cuenta de la naturaleza sesgada y ventajista de esa decisión, tomada para facilitar de manera absoluta al PSUV, mientras que los demás partidos deben, primero, mendigar para que se active ese proceso, y cuando lo activan lo hacen en condiciones que le imposibilitan recoger las firmas”, refirió.
Dijo que en esta situación están no solamente partidos de oposición, sino también organizaciones que habían venido apoyando al gobierno, como Redes, y que no alcanzaron el 1 % en las elecciones.
“Esto se inscribe dentro de otro proceso adicional, que es el de negación de inscripción de organizaciones, como es el caso de Marea Socialista o Vente Venezuela, a los cuales se les ha negado sistemáticamente la posibilidad de inscribirse como partidos”, apuntó Díaz.
“Estamos entonces en una operación diseñada para construir, por la vía de los hechos, un sistema electoral donde se vota pero no se elige. Porque frente a la ausencia de opciones electorales alternativas, la única que queda es la opción oficialista. Se reproducen casos como el de Corea del Norte, donde hay elecciones y quienes se postulan ganan con el 98 % de los votos pero es porque no hay otros postulados. O como en Cuba, donde no hay otros partidos distintos al Partido Comunista y quienes postulan a los candidatos son los consejos comunales”, señaló.
La MUD está vigente, pero…
Entrevistado también por La Fuerza es la Unión, el experto electoral Vicente Bello indicó que esta decisión del CNE afecta a 59 partidos, dado que los dos más votados en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, la MUD y el PSUV, y otros dos de reciente creación, y que por tanto aún no están sometidos a estas normas, no deben pasar por el proceso de renovación.
Las demás organizaciones están obligadas a renovar sus nóminas y al fijarse como período el 18 de febrero al 23 de abril, a cada organización le corresponderán sólo dos días, en jornadas de siete horas cada uno, para trasladar a sus simpatizantes. “Las cifras van desde un mínimo obligatorio de 0,5 % del registro electoral del estado respectivo, equivalente a cinco mil personas en los estados más pequeños, como Amazonas y Delta Amacuro, hasta 120 mil o 200 mil en estados más grandes, como Zulia, Distrito Capital, Miranda o Carabobo”, precisó.
“Es una cantidad muy importante de gente que debe ser movilizada en solo dos días y que debe hacer cada partido individualmente, lo cual se convierte en una valla imposible de superar”, aseguró.
Bello agregó que no es la primera vez que este proceso se realiza en el país, pues ya se cumplió luego de las elecciones parlamentarias de 2005. En esa oportunidad, el CNE, que ya estaba dirigido por estas mismas rectoras, dio un plazo de un año para que los partidos renovaran sus nóminas, proceso que se realizó en 2007.
Otro “detalle importante” que destacó Bello fue el hecho de que serán 390 máquinas captahuellas, pero aún no se ha informado dónde estarán ubicados los centros. “Tememos que se produzca una situación similar a la que se presentó para la verificación de las firmas para el referendo revocatorio, cuando las máquinas fueron colocadas en sitios que no eran de fácil acceso y traslado”, comentó.
Añadió que el reglamento, elaborado hace un año, cuando correspondía la renovación de los partidos de acuerdo a la ley de partidos, contemplaba que los partidos políticos iban a tener cuatro meses para cumplir con este requisito. “Ahora lo reducen a solo dos días. Esa es una gran diferencia”, dijo.
“¿Qué es lo que se pretende? Que sea imposible para los partidos políticos renovar su nómina y, automáticamente, a partir de esa circunstancia, no podrían postular candidatos a los cargos a elegir este año en las elecciones que el CNE está obligado, por la Constitución, a convocar este año, como las de alcaldes y concejales”, señaló.
“Con esto se va a impedir la participación política de los ciudadanos, el derecho que tenemos todos de elegir a los funcionarios públicos: gobernadores, alcaldes y concejales; a cambiar a aquellos que han fracasado como la mayoría de estos funcionarios afectos al oficialismo. Ese derecho que a nosotros nos compete, se quiere vulnerar”, denunció.
De acuerdo a esta decisión del CNE, solo podrían postular candidatos la MUD y el PSUV. Recordó que la alianza partidista opositora fue la organización más votada en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015. “Está validada y registrada y va a ser el estandarte de la oposición, la alternativa democrática para postular candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y diputados a los consejos legislativos regionales”.
No obstante, advirtió que sobre la MUD existen amenazas. Aseguró que hasta el momento no existe denuncia alguna sobre la MUD, pues los reclamos que se presentaron ante el TSJ y el Ministerio Publico el año pasado, eran contra las firmas recogidas para la convocatoria del referendo revocatorio, lo que no afecta a la MUD como tal.
“Hasta ahora se trata de acusaciones que no han sido probadas y que no están siendo investigadas por algún organismo público. Pero es una amenaza existente, sabiendo cómo actúan estos personajes, que lo hacen a medianoche y de manera sorpresiva. Pero hasta el momento está legal y vigente” para participar en cualquier proceso electoral, concluyó.