En Venezuela existe actualmente la lamentable cifra del 92% en la impunidad de los delitos, llámense éstos crímenes, actos de corrupción, narcotráfico, sobornos y pare usted de contar, lo que sin lugar a dudas es, un incentivo de excepción para los criminales porque saben de antemano que gracias a la justicia roja, quedarán impunes y ellos obtendrán el beneficio por el cual delinquieron, y sus víctimas quedarán burladas y en el olvido.
Definitivamente y gracias a esta complicidad por acción u omisión que se teje desde los órganos que deberían impartir justicia desde sus más altos estrados, hasta los niveles más bajos de este sistema carcomido, hoy tenemos un país violento, prácticamente sin ley, cuyos jefes obedecen a órdenes impuestas por el PSUV, para perseguir, amedrentar, ultrajar, encarcelar y aniquilar a quienes valiéndose de sus derechos constitucionales exigen justicia y un cambio en el manejo político del país; y que por otro lado, se hacen de la vista gorda cuando los señalados provienen del mismo charco de la revolución.
En mi caracter de diputado a la Asamblea Nacional, y como es mi obligación como venezolano, desde el año 2010, he consignado ante el despacho de la Fiscal General de la República, más de siete solicitudes para que se investigaran denuncias de corrupción, de tráfico de influencia, de aprovechamiento ilícito, de narcotráfico y de terrorismo entre otros, y jamás he recibido respuesta alguna de ninguna instancia que componen el Poder “Moral”. No obstante, de haberse investigado como fueron los casos de lá Plataforma Deltana, de las Notas Estructuradas, del Fondo de Pensiones de Jubilados de PDVSA, de lo señalado por Jorge Giordani sobre la repartición indigna de divisas preferenciales a empresas de maletín en su mayoría propiedad de testaferros de los altos jerarcas de la revolución, de las acusaciones del narcotraficante Walid Makled contra Hugo Carvajal y Tareck El Aissami, entre otros; se le hubiese ahorrado al país un daño patrimonial y moral del que hoy somos objetos.
Este es un gobierno cómplice y delincuente que ha manejado la justicia a conveniencia y la aplica para los pendejos y los bufones, pero que la evade cuando los señalados pertenecen a la misma cofradía de putrefacción y a la cúpula militar cívica del PSUV. Esta es una tragedia histórica por la que atravesamos, donde el manto de la impunidad se pasea de manera grosera y burlista, por todas las instancias de poder y esta complicidad sin duda alguna es una de las causantes de la grave crisis económica, política, social y moral donde estamos inmersos, donde cada vez más venezolanos comen de la basura para aguantar la pela de la dizque revolución, mientras sus jerarcas se dan la gran vida con el dinero mal habido.
Pues bien, la reciente decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se sancionó a Tareck El Aissami, actual vicepresidente de la República con poderes plenipotenciarios; y a su testaferro Samark José López, por narcotraficantes y por supuestos vínculos con el terrorismo, no nos extraña en lo absoluto porque hace más de siete años venimos alertando al país, de las andanzas de este alto funcionario, que aprovechándose de su cargo como ministro de interior y justicia, y luego como gobernador del estado Aragua, ha cometido cualquier cantidad de delitos, los cuales han sido silenciados y a la vez premiados por un gobierno cómplice en materia de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Estamos frente a un gobierno inmoral, que ha permitido la penetración del narcotráfico para beneficios personales; que se hace el desentendido en el escándalo del otorgamiento de pasaportes y documentación venezolana a supuestos terroristas en el Medio Oriente; que encubre la cúpula militar que estuvo a cargo de la importación de alimentos en Venezuela y que se cogieron los reales; que blinda a altos funcionarios con fuero diplomático para que no les pongan lps ganchos, porque Maduro sabe que la mayoría de sus hombres de “confianza”, no pueden poner ni un pie fuera de Venezuela, porque existen rastreos internacionales que piden sus cabezas por sus delitos y crímenes.
Aquí la culpa no es del ciego sino del que le da el garrote, y les guste o no, Maduro ha sido un ramplón cómplice por acción u omisión de estos delincuentes, y lo peor, que en vez de investigar, mete sus manos en la candela y premia con altos cargos por sus delitos y andanzas oscuras. Son tan inmorales, que cada alto jerarca de la revolución, tienen sus “Samark” que les sirven de testaferros para que laven el dinero mal habido y sus responsabilidades frente a la historia y a un país ávido ds justicia.
En Venezuela más temprano que tarde va a haber justicia, por eso hago un llamado al Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional Electoral, para que sean responsables frente a Venezuela, y le eviten al país una tragédia por a lá que ya padecemos. No pedem seguir protegiendo a un gobierno inmoral e inconstitucional y en total desacato. Ha llegado la hora de ver de qué lado están, porque les recuetdo que los delitos de narcotráfico, terrorismo y derechos humanos, no tienen fronteras y no prescriben, y más temprano que tarde esta cúpula corrupta va a caer por su propio peso.
Desde la Asamblea Nacional se ha designado una comisión especial para investigar las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Tareck El Aissami. Asimismo, solicitaremos al gobierno norteamericano las pruebas y evidencias necesarias, porque los señalamientos contra el flamante vicepresidente de la República son de extrema gravedad por la seguridad del país, y son una vergüenzs internacionaLegal, de un mal que pudo haberse evitado si los órganos que imparten justicia en Venezuela, actuaran de manera autónoma y de acuerdo a la ley. En Venezuela va a haber justicia, y nada ni nadie nos detendrá en nuestra lucha por adecentar el país. Vamos con todo para que el país sepa la verdad de los negocios oscuros y sucios del gobierno de Nicolás Maduro y la dizque revolución.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
Pj-Unidad Democrática
@ismaelprogreso