La gravedad de las denuncias contra el vicepresidente Tareck El Aissami, al igual como ocurre con otros personajes de peso vinculados al gobierno del presidente Nicolás Maduro, obligan a una reflexión además de la necesidad de asumir con la seriedad del caso la situación.
Por Juan José Moreno A. / @JJMorenoA
En primer lugar, debemos considerar acertada la decisión de la Asamblea Nacional de designar una comisión especial que investigue las denuncias referidas a la presunta responsabilidad del vicepresidente El Aissami en las actividades que le imputa la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, pese a lo procedente del acuerdo aprobado en Cámara, el hecho de quedar constituido solo por integrantes de la bancada opositora, le resta la debida imparcialidad que en un caso como este se requiere.
Podemos entender que no fue posible para la mayoría opositora, designar una comisión mixta, hecho determinado por lo que ya constituye una permanente ausencia de la representación oficialista en la Asamblea, y por cuya razón nuestro primer llamado está dirigido, tanto a la bancada opositora para que insista en la conformación de un equipo parlamentario plural que se ocupe de aclarar definitivamente el asunto para la población, como para la del Polo Patriótico a que asuma esa parte de la responsabilidad que le corresponde como integrantes de la Asamblea Nacional.
En segundo término, nuestro llamado y sugerencia al terco Gobierno, es que aparten a un lado la superficialidad y retórica con la que se empeña de “escurrir el bulto”, y vayan hacia el fondo de las denuncias a través de una investigación objetiva y seria de los asuntos denunciados.
No puede existir dudas sobre la disposición de las autoridades y de la propia justicia de los Estados Unidos, donde las demostraciones del funcionamiento de su sistema democrático se pone a prueba en todo momento, como ocurrió muy recientemente a propósito de la prohibición de entrada a ese país de refugiados y ciudadanos musulmanes de siete países vetados por el presidente Trump, para facilitar y constatar, si así lo solicitara el gobierno venezolano, información sobre las bases de la decisión de la Oficina del Tesoro estadounidense para imponer sanciones contra el señor El Aissami. Más todavía, el gobierno del presidente Maduro pudiera demostrar ser el primer interesado en que se aclarara la situación de su vicepresidente, e instar a sus propios copartidarios en la Asamblea para integrar y apoyar con los gastos, una delegación mixta que se traslade al Norte en busca de la verdad.
Lo contrario sería insistir en lo que incurre permanentemente el gobierno de Maduro con medidas proteccionistas, otorgándole mayores poderes, a personas que son señaladas en delitos de narcotráfico como ha ocurrido con la designación del general Reverol como ministro de Justicia, y del General Hugo Carvajal llevándolo a ocupar una curul en la Asamblea, entre otros casos donde involucran a otros altos militares incluido el propio vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, también en la “lista negra” de las autoridades estadounidenses. Lo contrario lo constituye también el escandaloso silencio guardado por el propio Presidente en el caso muy cercano a él sobre el mismo tipo de delito con sentencia en Estados Unidos contra sobrinos de la Primera Dama de la República.
Todo esto y más, sin contar los casos de presunta corrupción administrativa con denuncias que han surgido desde las entrañas del régimen y de su partido chavomadurista, donde destacan las relacionadas con la “desaparición” de 20 mil millones de dólares a Cadivi a través de “empresas de maletín” formuladas por el ex ministro Giordani; el reconocimiento en el año 2013 del presidente Maduro sobre el robo de otros 10 mil millones de dólares de igual manera; el caso de la compra con escandaloso sobreprecio donde se involucra a una hija del extinto presidente Chávez, y la cual fue protegida mediante su designación en un cargo diplomático sin tener ninguna preparación para ello; la fraudulenta compra de alimentos en mal estado por parte de Pdval; a los que podrían ser agregados las estafas como la atribuida al asesor del Ministerio de Finanzas y de Pdvsa, Francisco Illaramendi, sentenciado en una Corte de Estados Unidos a 13 años de prisión, después de haber confesado fraude masivo con los fondos de trabajadores y jubilados de la estatal petrolera y pese a ello absuelto por la “justicia” venezolana; sin contar los más recientes, entre los que figuran la presunción de sobornos a funcionarios venezolanos por parte de la empresa y pago de obra inconclusas por parte de la empresa brasileña Obeldrecht. Y muchos y más variados casos, incluyendo los de lavado de dineros y apertura de cuentas fantasmas por parte de allegados al régimen, entre los que podemos recordar el famoso caso Andorra, que forman parte de ese negro expediente gubernamental.
Pero, de igual manera contrariando los más elementales procedimientos que se exigirían dentro de un sistema auténticamente democrático, además del silencio o de la retórica simplista para contestar ante cada uno de los nombrados, el Presidente y su equipo responden aumentando la represión y violación de los derechos consagrados en la Constitución de la República, y en la más reciente, su nuevo intento por acallar la denuncia, tumbando la señal del único medio a través del cual los venezolanos nos enteramos de las verdades que los medios locales de comunicación no se atreven a divulgar, como lo constituye la interrupción del acceso al canal televisivo de CNN.
Sin embargo, conscientes del significado que tiene ese silencio general, y en otros casos de superficialidad, con los que el régimen responde al país, desobedeciendo los reclamos de claridad de las actuaciones de sus funcionarios, no está quedando otra para el pueblo venezolano que pasar a la definitiva etapa de desobediencia ciudadana. Pensamos que el momento ha llegado para hacer uso del último recurso que pone a disposición de los venezolanos el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza textualmente: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Algo para reflexionar.
@JJMorenoA