El crimen en Venezuela es un problema generalizado que afecta a todo el país. Las cifras resultan cada vez más alarmantes, crecen de manera desmedida, desbocada, el auge va en ascenso, mientras el Gobierno se hace de la vista gorda y no plantea acciones ni soluciones contundentes.
Luego de haber implantado más de 22 planes de seguridad, por decir lo menos, llegamos a la conclusión que es imposible controlar la inseguridad con planes u operativos parciales o puntuales, eso es algo que los entendidos han alertado hasta el cansancio. La falta de una política integral efectiva, en materia de seguridad ciudadana, el alto índice de impunidad y el colapso del sistema de justicia, constituyen elementos que han convertido a la criminalidad en este país, en un flagelo prácticamente incontrolable que nos ha conducido a figurar entre las naciones más violentas del mundo, sin lugar a dudas.
La única manera es agarrar el toro por los cachos, asunto que no es sencillo en este punto en el que nos encontramos, controlar el índice delictivo y la criminalidad, cuando desde el mismo gobierno en ocasiones se llama a la violencia y se protege a los delincuentes, ahí hay en principio, un mensaje subliminal a delinquir. La realidad es que se les está escapando de las manos y para atajarlo se requiere de altas dosis de firmeza y coraje.
Para resolver es necesario ir la raíz del problema, pero se hace imprescindible generar políticas públicas integrales en materia de seguridad, habría entonces que atacar en paralelo, las distintas circunstancias que directa e indirectamente inciden en el aumento de la violencia y la criminalidad en el país, todo ello aunado además a una política de prevención del delito de carácter permanente, de represión e investigación criminal y por supuesto, de tratamiento penitenciario.
Las estadísticas de acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Seguridad, adscrito al Ministerio del Interior Justicia y Paz, publicadas hace una semana, evidencian el incremento en el índice delictivo, dejando al descubierto los siguientes resultados: el delito de homicidio en el territorio nacional desde el 01 de enero hasta el 12 de febrero 2017, es de 2.094 homicidios. Según estas cifras el alto nivel lo ocupa la criminalidad en la vía pública. En cuanto a la diversidad de hechos punibles, aunque hay una reducción en la resistencia a la autoridad, el robo de vehículo y la violación, sin embargo se observa un aumento considerable en el secuestro, el robo, el hurto y las lesiones personales.
Estos números solo demuestran que las autoridades no han logrado controlar ni disminuir los niveles de criminalidad y que por el contrario, la tendencia reitero es hacia la alza. El sistema de justicia no funciona porque el Ministerio Público y los Tribunales de la República no se dan abasto ni cuentan con los recursos necesarios para procesar, investigar y condenar a las personas, al mismo ritmo en que se comenten los delitos, todo ello sumado a que el sistema penitenciario, también colapsó ya que desde hace rato no hay infraestructura nueva y la vieja se cae a pedazos, mientras la población reclusa crece considerablemente, conduciendo al hacinamiento.
Las políticas en materia de prevención del delito resultan ineficientes por no decir, inexistentes, desde el punto de vista social y situacional. Desde el punto de vista social sería importante sumarse al rescate de los jóvenes antes de que se inicien en el mundo del delito, evitando el abandono de la escolaridad, ocupándolos igualmente en actividades productivas, deporte y recreación sana. El esfuerzo igualmente debe centrarse en reducir al mínimo las posibilidades de actuación de los delincuentes, pero esto se logra con presencia policial y producto de la implantación de distintos y constantes operativos de seguridad.
La realidad es que Venezuela fue ubicada como el segundo país más violento del mundo y que el tema de la criminalidad es cada día un tema más frecuente no solo en los medios de comunicación, donde las cifras –siempre extraoficiales- contabilizan las páginas “rojas” de diarios que enumeran los cuerpos sin vida, por causas violentas, que ingresan a uno de los principales anfiteatros forenses en el país: la morgue de Bello Monte, en Caracas, sino que además es conversación permanente en reuniones familiares y sociales, siempre surge el cuento de a quien atracaron esta semana. Con estas alarmantes cifras a cuestas y el terrible puesto que mantiene el país dentro de la lista de las naciones con más crímenes en el mundo, el gobierno sigue pendiente del dialogo, de la MUD, de los presos políticos y de controlar el CNE y el TSJ y se olvida del combate de la inseguridad y la criminalidad. La realidad es que para detener esto deben realizarse acciones inmediatas de manera urgente, pero para ello es imprescindible que la criminalidad sea considerada un problema de Estado.
El derecho a la vida es un derecho constitucional que debe ser garantizado por el gobierno nacional, los venezolanos vivimos bajo un clima muy violento, y aunque en general somos un pueblo pacífico el clima de hostilidad está transformándonos, ya no podemos salir a la calle ni de noche ni de día, sin pagar descuido, debemos estar alertas a cada paso que damos, vivimos con miedo y enconchados en nuestros hogares temprano, además de enrejados dada la incapacidad de la autoridad de brindarnos un mínimo de seguridad.
Esta situación ha mermado nuestra calidad de vida y ha afectado nuestra felicidad, convirtiéndose en la primera causa del éxodo de muchos venezolanos. La verdad es que todos añoramos tener paz y tranquilidad y tener libertad de acción, pero como dice mi madre: tranquilidad viene de tranca, así que mucho cuidadito porque existe un hilo muy fino entre quedarnos esperando acciones o tomarlas en nuestras propias manos.
MARIA AUXILIADORA DUBUC
@mauxi1