La suspensión de las elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela (UCV) – ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero no acatada por los jóvenes – es un nuevo capítulo en la historia de obstáculos al derecho al voto de los venezolanos por parte del Gobierno, que empezó en los ámbitos universitario y sindical pero que hoy se ha ampliado a toda la sociedad con el congelamiento del referendo revocatorio presidencial, de las elecciones para gobernadores o las pruebas que deberán sortear los partidos políticos para su renovación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Los estudiantes democráticos de la UCV han concretado una nueva victoria ante la dictadura. No hay desacato. En 90 días la segunda etapa”, escribió en su cuenta en Tuiter el vicerrector académico, Nicolás Bianco, refiriéndose al proceso realizado este viernes y en el cual resultó electa Rafaela Requesens presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esa casa de estudios. En la próxima etapa serán elegidos los representantes estudiantiles al cogobierno universitario.
Las elecciones estudiantiles son las únicas que se han venido realizando con periodicidad en la UCV desde 2008, cuando se celebraron los últimos comicios para renovar autoridades rectorales, decanales y representantes profesorales ante el Consejo Universitario. “El TSJ ha suspendido las elecciones de las autoridades rectorales en varias universidades: en algunas hace 10 años, en otras hace ocho y seis. Las fechas varían”, señaló a Prensa Unidad Venezuela Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
La “democracia representativa” que tanto cuestionó el chavismo fue sustituida por la “participación protagónica” de la que habla el texto constitucional vigente desde 1999. “Pero la realidad hoy en día es que tanto el TSJ como el CNE se han convertido en alcabalas para el ejercicio del voto. En el caso particular de los sindicatos, la situación es dramática”, aseguró a este medio Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Viloria refirió que en el caso de las universidades autónomas –UCV, LUZ, ULA, UC y UDO – las autoridades rectorales electas democráticamente duran cuatro años en sus funciones y no se pueden reelegir. En algunas universidades experimentales sus reglamentos sí permiten la reelección. “Sin embargo, ellos (el gobierno) no han permitido nuevas elecciones porque pretenden incorporar en el proceso de votación al personal administrativo y obrero, contraviniendo lo que establece la autonomía universitaria, que tiene rango constitucional”, señaló.
“El Estado reconocerá la autonomía universitaria”, dice el artículo 109 de la Constitución, el cual establece también otros tres aspectos fundamentales: que la comunidad universitaria la integran sus profesores, estudiantes y egresados; que las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y administración; y que el recinto universitario es inviolable.
La dirigente gremial agregó que en el caso Fapuv y de las asociaciones de profesores tampoco han permitido hacer elecciones, a pesar de que han cumplido todos los requisitos “porque saben que van a perder. Entonces prefieren dejarnos a nosotros con el período vencido para decir que estamos como autoridades ilegitimas”, indicó.
“Tal vez ellos piensan que incorporando en los procesos al personal administrativo y obrero van a ganar las elecciones, pero no será así, sea cual sea la metodología que usen, porque sencillamente no han podido penetrar las universidades venezolanas”, aseguró.
“Se trata de decisiones netamente políticas para ver cómo se adueñan de las instituciones universitarias, que son libertarias, democráticas, populares y donde no hay un pensamiento único para la formación de los estudiantes, que es lo que ellos pretenden imponer. Esa es la razón por la cual el gobierno no quiere que haya elecciones en las universidades”, precisó.
Peor el remedio que la enfermedad
La lista de sindicatos cuyas elecciones han sido suspendidas por el TSJ o intervenidas por el CNE también es larga, pero destacan casos emblemáticos como los del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) y de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), dos sectores vitales para el país; o el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a los cuales se les han impedido realizar elecciones para renovar sus juntas directivas.
“No ha habido forma ni manera de que se hagan elecciones en Sutiss o Futpv. La misma CTV tiene una larga historia de ocho o nueve años solicitando elecciones y el CNE no las ha aprobado, aun cuando el mismo Poder Electoral, en sentencia del año 2005, invalidó las elecciones que se hicieron en 2001, en las que Carlos Ortega salió electo presidente. Son las pruebas del cacique las que hay que cumplir para poder hacerlas”, señaló Barrios en entrevista con Prensa Unidad Venezuela.
El también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) refirió que la Constitución de 1999 confirió al Poder Electoral la facultad de organizar elecciones de organizaciones sindicales “a solicitud de estas”, mientras que el artículo 405 de la Ley Orgánica del Trabajo estableció que las organizaciones sindicales “notificarán de la convocatoria del proceso de elecciones al Poder Electoral, y si lo requieren solicitarán (su) asesoría técnica y apoyo logístico para la organización del proceso”.
“Esto se hizo, incluso con la aprobación de las mismas organizaciones sindicales, para evitar cuestionamientos en los resultados de los comicios, porque se pensó que ayudaría a dar mayor transparencia. Pero fue peor el remedio que la enfermedad porque el CNE lo que ha hecho ha sido enredar, complicar y suspender elecciones sindicales”, apuntó Barrios.
“Estamos frente a una paradoja con un Estado que habla de democracia protagónica, pero en el cual solicitar elecciones prácticamente se ha convertido en delito”, comentó.
Aseguró que lo que ocurre es que el Estado, con excepción del Poder Legislativo, le tiene pánico a cualquier proceso electoral, y más después de los comicios parlamentarios de 2015, cuando la oposición, aglutinada en la Unidad Democrática, se alzó con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. “Saben que cualquier consulta que hagan la van a perder. Lo que le han hecho a los sindicatos es lo que le están haciendo ahora a los partidos políticos (para su renovación ante el CNE) con una interpretación caprichosa de la Ley de Partidos Políticos a través de una sentencia del TSJ de enero de 2016”, indicó.
“Es una olla de presión que está recorriendo el país. Se deben unir todos los factores: trabajadores, organizaciones políticas, empresariales, económicas, académicas, gremios para que salgamos conjuntamente de esto porque un solo factor no lo va a lograr. Esa es la forma en la que han salido las sociedades democráticas, tanto en Europa como en América Latina, cuando se han enfrentado a regímenes de este corte”, concluyó.
Nota de prensa